Impulsan en Congreso iniciativa para combatir pornografía y turismo sexual infantil

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Fedrha Isabel Suriano Corrales / Foto: Especial

La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley de Turismo, con la finalidad de establecer, entre otros aspectos, que el Sistema Estatal de Protección tendrá como atribución instrumentar protocolos de actuación e implementar acciones de combate, en materia de pornografía y turismo sexual infantil.

Al presentar la propuesta, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura, la diputada explicó que se contempla establecer que son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos acatar los protocolos de actuación y las acciones de combate, en materia de pornografía y turismo sexual infantil, aprobadas por la autoridad competente.

Así como comprobar que sus huéspedes sean mayores de edad y, en caso de que se encuentren acompañados de niñas, niños o adolescentes, acreditar que aquellos sean quienes detenten su guarda y custodia, o en su caso, contar con el consentimiento por escrito de quien ejerza la tutela correspondiente.

En caso de no comprobarse dicha guarda o custodia, o en su caso, el consentimiento por escrito de quien ejerza la tutela correspondiente, se deberá negar el servicio de hospedaje y notificar de manera inmediata a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en su caso, a la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La iniciativa mediante la cual se reforman los artículos 62 y 127 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, así como el artículo 82 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución procedente.

En otro momento de la sesión, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de establecer la definición de violencia contra los derechos reproductivos, entendida como toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva.

Esto, en relación con el número y espaciamiento de hijas e hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, acceso a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia.

La propuesta mediante la cual se reforman las fracciones VII y VIII y se adiciona la fracción IX del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.

Por su parte, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación y al Código Penal del Estado, con el propósito de establecer un modelo de educación digital con perspectiva de género, a fin de evitar cualquier tipo de violencia contra las mujeres; además, que se promueva el respeto de las y los educandos a su cuerpo y a su autoestima, a fin de evitar la deshumanización que conlleva el uso de tecnologías de la información o las plataformas de contenido exclusivo para mayores de edad.

En su propuesta se precisan sanciones en contra de quien difunda, divulgue, intercambie, obsequie, publique, reproduzca transmita o venda; por cualquier medio, incluidos medios tecnológicos como redes sociales, imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual, erótico o pornográfico de una persona, que haya sido distorsionada, manipulada o alterada, haciendo uso de inteligencia artificial, tecnología digital o software de manipulación digital para crear hechos falsos con apariencia real, sin su consentimiento.

La iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Puebla y al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a las Comisiones Unidas de Educación y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

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