Por primera vez en siete años, el gobierno federal de Estados Unidos inició un cierre administrativo o “shutdown” tras el fracaso del Congreso en aprobar una ley de financiación antes del plazo límite del 1 de octubre de 2025. La parálisis entró en vigor a las 00:00 horas del este de Estados Unidos.
Como consecuencia, miles de empleados federales no esenciales fueron suspendidos de sus funciones y quedarán temporalmente sin salario. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750 mil funcionarios podrían verse afectados por este desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.
La interrupción de servicios se debe a la incapacidad de republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo que extendiera el presupuesto federal más allá del fin del año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre. La disputa legislativa impidió la aprobación de una resolución de gastos temporales.
El cierre ha provocado el cierre de numerosas agencias y servicios federales no esenciales. Se confirma que la Administración Federal de Aviación mantendrá en funciones a más de 13 mil controladores aéreos, aunque sin pago inmediato, mientras que el Departamento de Defensa ha indicado que los 2 millones de militares en servicio activo permanecerán en sus puestos en las mismas condiciones.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que más de 200 mil agentes de su dependencia continuarán trabajando sin cobrar para garantizar la seguridad nacional. Minutos antes de que entrara en efecto la paralización, atribuyó la responsabilidad del impasse a los legisladores demócratas.
Este evento marca el primer cierre gubernamental desde el período de 35 días que tuvo lugar entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante el primer mandato del entonces presidente Donald Trump. En aquella ocasión, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el cierre redujo el Producto Interno Bruto en 11 mil millones de dólares.
