En aguas internacionales, la Armada israelí interceptó a la Global Sumud Flotilla, una misión civil compuesta por cerca de 50 embarcaciones y 500 activistas de 40 países que intentaba romper el bloqueo marítimo para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Entre los tripulantes se encuentran siete ciudadanos mexicanos, quienes denunciaron, a través de videos de emergencia, haber sido secuestrados y llevados contra su voluntad a Israel.
Los siete connacionales identificados son: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Velez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.
El incidente ocurrió la noche del miércoles en el Mar Mediterráneo, aproximadamente a 80 millas náuticas (128 kilómetros) de la costa de Gaza, una zona que los activistas denominan de “alto riesgo”. La flotilla, que había partido del puerto de Barcelona hacía un mes, mantenía transmisiones en vivo que captaron la aproximación de numerosos buques de guerra israelíes.
Como parte de un protocolo de emergencia, varias de ellas difundieron mensajes pregrabados. En uno de los videos más difundidos, Arlín Gabriela Medrano Guzmán declaró: “Hola, mi nombre es Arlin Medrano, soy mexicana y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel”.
Otra mexicana, Sol González Eguía, se refirió al acto como un “secuestro”. El cineasta Carlos Pérez Osorio, desde una de las embarcaciones, explicó el objetivo de la misión antes de ser interceptado: “Buscamos llevar ayuda humanitaria y romper el cerco que existe desde el 2007. Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional”. Lamentó que, a pesar de la legalidad de su acción, Israel cometiera “otro crimen” al detenerlos.
Minutos antes de que se cortaran todas las comunicaciones, los activistas reportaron la intercepción de al menos tres de sus barcos. Greg Stoker, un veterano estadounidense a bordo, declaró en un video: “Actualmente llaman a nuestras embarcaciones, diciéndonos que apaguemos nuestros motores y esperemos más instrucciones o nuestros barcos serán incautados y enfrentaremos las consecuencias”.
La interceptación de barcos en aguas internacionales es considerada por expertos y varios gobiernos como una violación al derecho marítimo internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar estipula que un estado solo tiene jurisdicción hasta 12 millas náuticas desde sus costas.
Esta acción generó una ola de condenas y pronunciamientos:
- Colombia: Su Cancillería emitió un comunicado calificando la detención de sus dos ciudadanas como un “secuestro” y exigió su liberación inmediata.
- Venezuela: El gobierno de Nicolás Maduro lo denominó un “cobarde acto de piratería” y condenó enérgicamente el abordaje.
- Uruguay: Manifestó su “seria preocupación” e instó a Israel a respetar la integridad física y seguridad de sus tres connacionales.
- Reporteros Sin Fronteras (RSF) España: Exigió al gobierno israelí respetar la labor de los periodistas que viajaban en la flotilla, tras confirmarse la detención del colaborador mexicano Néstor Prieto.
El Ministerio de Exteriores israelí, por su parte, informó en la red social X que los barcos habían sido “detenidos sin problema” y que los pasajeros estaban siendo trasladados al puerto de Ashdod para su posterior deportación.
Reacción del Gobierno de México
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció a través de un comunicado, informando que la Embajada de México en Israel ya solicitó a las autoridades de ese país el acceso consular a los siete ciudadanos mexicanos. La SRE pidió “garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable”.
Paralelamente, en la Ciudad de México, manifestantes simpatizantes con la causa palestina llevaron a cabo una protesta, cerrando tramos del Periférico Sur. Entre sus exigencias, pidieron al gobierno mexicano romper relaciones diplomáticas con Israel y garantizar el regreso seguro de los connacionales.
La situación de los activistas sigue en espera de resolución. Según la ley israelí, los detenidos pueden ser deportados en un plazo de 72 horas tras la emisión de una orden, a menos que acepten voluntariamente salir del país antes.
