El aspirante de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, evitó fijar una postura a favor o en contra de la despenalización del aborto en el estado, al afirmar que está de lado de los derechos de las mujeres, pero también a favor de la vida.
En conferencia de prensa este lunes, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República admitió que el aborto es un tema complejo que divide opiniones, pero indicó que depende únicamente de las diputadas y diputados del Congreso local.
Refirió que la discusión debe abordarse por los legisladores poblanos en su momento, pues serán ellos quiénes tomen la decisión de aprobar, o no, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); hecho que se replicará en la Cámara de Diputados a nivel federal.
Al ser cuestionado sobre su postura personal en torno al tema, Armenta Mier se abstuvo de expresar si está a favor o en contra de que las mujeres sean criminalizadas por abortar en la entidad poblana, al argumentar que existe una línea “muy delgada” entre ambos lados.
En primera instancia, dijo estar de acuerdo en que las mujeres tengan libertades para decidir sobre su cuerpo, ya que es un derecho reconocido en la Constitución; no obstante, señaló que también debe defenderse el “derecho a la vida” de los no nacidos.
“Es una línea muy delgada. La mujer ejerce su derecho, tenemos que respetar el derecho de la mujer, pero también en esa línea delgada también tenemos que respetar el derecho a la vida. En esa postura, yo me pronunció a favor del derecho de las mujeres, pero también a favor al derecho de la vida”, expresó.
El senador morenista agregó que la decisión sobre recurrir o no al aborto debe estar justificada y basada en el contexto que enfrenta cada mujer; es decir, si existen, o no, condiciones y argumentos para que decidan continuar con su embarazo.
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La postura de Armenta Mier se da en medio del amparo que ganaron organizaciones feministas en octubre de 2022 para evitar que las mujeres sean criminalizadas por abortar en Puebla, a pesar de que el Congreso del Estado se ha negado a entrar a la discusión del tema.
Además, la administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina presentó un desistimiento en el mes de febrero para no impugnar dicho recurso legal, como una forma de avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos a nivel estatal.
Actualmente, el Código Penal del Estado establece penas de seis meses a un año de prisión por el delito de aborto; en tanto, la Constitución Política local defiende el derecho a la vida “desde su concepción hasta la muerte natural”.
Por Vera Fernández
Editora: Brenda Balderas
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