Conagua emitió reportes técnicos que registraron un aumento sostenido en el caudal del río Cazones y lluvias extraordinarias en la cuenca desde la mañana del 8 de octubre, señalando riesgo de desbordamiento hacia áreas pobladas.
Esos boletines hidrometeorológicos advertían sobre escurrimientos y posible afectación a comunidades ribereñas, pero la alerta no escaló a una comunicación masiva ni a medidas de evacuación preventiva coordinadas a gran escala.
Horas después de los reportes técnicos, la gobernadora Rocío Nahle ofreció declaraciones públicas en las que describió el evento como un “ligero desbordamiento” y restó gravedad al fenómeno, postura que contrastó con las observaciones de Conagua y la percepción en municipios cercanos. Ese relato oficial generó confusión entre autoridades municipales y residentes, que reportaron falta de instrucciones claras para la protección de personas y bienes.
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La disparidad entre la advertencia técnica y el mensaje estatal tuvo consecuencias tangibles: varias localidades reportaron inundaciones que dañaron viviendas, comercios y vías de comunicación, además de cortes de servicios básicos.
En los siguientes días las autoridades estatales deberán ofrecer una explicación clara sobre por qué las alertas técnicas no activaron una respuesta preventiva más amplia y presentar un plan de reparación y mitigación para las zonas afectadas.
Mientras se evalúan daños y responsabilidades, comunidades y colectivos piden transparencia y garantías de que en el futuro los avisos especializados prevalecerán en la toma de decisiones operativas.
