La Comisión Estatal de Víctimas ha sido inoperante, reconoció la diputada Mónica Silva Ruiz, quien dijo que tanto ésta como la Comisión Estatal de Búsqueda tendrán que rendir cuentas sobre el presupuesto ejercido y el trabajo que han hecho.
“No es una comisión que haya respondido a las demandas de las víctimas, pues que podamos brindarle esta posibilidad de poder fortalecerla, y una vez fortalecida demandarle que cumpla para lo que fue creada”, declaró.
La diputada recalcó que es necesario que se revise en el Congreso de Puebla el actuar de los titulares de las comisiones, por lo que adelantó que pedirá que comparezcan, ya que han ejercido recursos que “históricamente no habían tenido”.
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Esto, frente al aumento de reportes de mujeres y niñas desaparecidas en la entidad poblana en los últimos meses.
En este sentido, consideró necesario que se rindan cuentas del equipo que han adquirido para la búsqueda de personas, por los recursos federales que recibieron, los cuales –comentó– se tendrían que reflejar en números de los resultados conseguidos.
Presenta iniciativa para actualizar Ley de Víctimas
Este jueves, la legisladora presentó una iniciativa para actualizar la Ley de Víctimas de la entidad, propuesta en la que se agrega la protección de víctimas y familiares cercanos del delito de feminicidio, ya que la ley vigente sólo abarca a las de secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas y tortura.
“Esta ley no ha respondido a las demandas que están requiriendo las víctimas no sólo de cualquier delito en particular, sino de la violación de cualquier derecho humano”, comentó en entrevista.
El documento que presentó en la sesión ordinaria de este jueves, además agrega que haya acceso universal a la justicia, mediante asesoría jurídica especializada que el Estado proporcione a través de convenios con organizaciones de defensa de derechos humanos, sociedad civil, especializadas y certificadas.
Sería el órgano jurisdiccional, el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de alzada o los jueces de ejecución, quienes dicten dichas medidas conducentes para que se materialice este derecho.
Además, se establece que se proporcione a las víctimas, ofendidos y familiares que así lo requieran un traductor o intérprete, según su nacionalidad, idioma, lengua o condición de discapacidad.
Por otra parte, busca que el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales reconozcan el derecho a las víctimas de tener un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional en los que se verifique que no se encuentran en condiciones para rendir su declaración.
En cuanto a la reparación integral, la legisladora propone que una disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad de un servidor público sean independientes de las responsabilidades en las que incurre el Estado.
Otra modificación es que si una persona es declarada penalmente responsable de feminicidio, el órgano jurisdiccional deberá de condenarla al pago de la reparación integral del daño a favor de la víctima u ofendidos en todos los casos.
También pide que cuando los servidores públicos o agentes estatales cometan cualquiera de los delitos mencionados en la ley, las víctimas serán resarcidas por el Estado conforme a la legislación en materia de responsabilidad patrimonial estatal.
Por Guadalupe Juárez
Editora: Brenda Balderas
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