De acuerdo a la comunicación social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por mayoría de votos el pleno de la Sala Superior:
“Confirmó parcialmente el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (Comisión de Quejas) en el que ordenó –como medida cautelar de tutela preventiva– a Morena, a su presidente nacional y a diversas personas servidoras públicas abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales”.
¿Respetarán las corcholatas presidenciales así como Ricardo Monreal y Fernández Noroña el posicionamiento del Tribunal? ¿O seguirán el ejemplo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López: “si me corre el INE no importa porque lo van a desaparecer los diputados”?
Para la mala suerte de Morena no existe la más remota posibilidad de que la reforma electoral, en los términos en que la turnó el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, llegue al Diario Oficial de la Federación.
Eso lo saben de sobra Mario Delgado y Citlalli Hernández que seguirán la misma táctica de la reforma eléctrica: montar un circo en San Lázaro para argumentar, al final de la función legislativa, que los diputados de oposición son “unos traidores a la patria” por haber bloqueado el camino de la 4T.
No entremos en detalles innecesarios patentados hace siglos por el constitucionalismo liberal de que el Legislativo está para controlar al Ejecutivo; y no, como piensan algunos, para aprobar “sin quietarle una sola coma” las iniciativas y proyectos que provienen del sendero luminoso de Palacio Nacional. Entremos en un tema de mayor urgencia: el posicionamiento del TEPJF en el contexto de una sucesión anticipada.
El proceso electoral comienza en noviembre de 2023 y apenas estamos en julio de 2022. ¿Cuántos mitines, cuántos templetes, cuántos actos camuflajeados con los ropajes de las instituciones de gobierno terminarán llevando agua al molino de las figuras que quieren ser, dentro de 24 meses, los nuevos elegidos del pueblo?
Quizá la pregunta debería ir en otro sentido, ¿por la 4T necesita tanto tiempo para asegurar los términos de una sucesión donde se juega el destino de su supervivencia política?
Por la misma razón de que, a pesar de que la aprobación presidencial a lo largo del sexenio se ha sostenido en cifras superiores al 60 por ciento, la popularidad de AMLO no le alcanzó a Morena para mantener en los comicios del año pasado el monopolio de la reforma constitucional en el Congreso. ¿Serán suficientes 24 meses? Quizá sean contraproducentes.
Por Enrique Huerta
