El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que en el combate a la corrupción las autoridades deben ser intransigentes, esto al referir que los investigados por actos de corrupción se sienten perseguidos políticos y vulnerados en sus derechos humanos.
Durante la presentación de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), destacó que hacer referencia a los procedimientos legales en curso en contra de personajes corruptos es parte de la libertad de expresión.
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Lo anterior en referencia a su rechazo para acatar a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por supuestamente violar la presunción de inocencia y acusar de corrupto al ex secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui.
Además, Barbosa Huerta consideró que el combate a la corrupción debe hacerse desde tres ejes: el fortalecimiento institucional, del que el PEA es parte; voluntad en el ejercicio del poder para combatirla; y la aplicación de la ley.
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El mandatario reconoció que en su administración ha tenido que resolver casos de corrupción, por lo que varios ya dejaron de ser servidores públicos, aunque dijo todavía falta descubrir a más. “Ningún funcionario debe beneficiarse de su obligación de servir, los servidores públicos estamos llamados a vivir en austeridad y honradez”, concluyó.
