La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un proyecto que propone no solo eliminar la prisión preventiva obligatoria, sino también rechazar las órdenes de arraigo y ordenar investigaciones independientes en casos de denuncias de tortura, donde las autoridades penitenciarias o de detención no participen.
Si la propuesta es aprobada, será de aplicación general y deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del ámbito local como federal.
Fuentes judiciales revelaron que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó a sus colegas el proyecto sobre cómo el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe cumplir con la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso García Rodríguez y otro contra México.
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Pardo Rebolledo enfatiza que “no se puede cuestionar la validez de las decisiones de la Corte IDH, ya que para el Estado Mexicano son definitivas, y lo apropiado es cumplirlas en su totalidad”.
La Corte IDH determinó que México fue responsable internacionalmente por no cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos al establecer el arraigo y la prisión preventiva obligatoria a nivel constitucional.
El proyecto de Pardo Rebolledo propone que los jueces ejerzan un control de convencionalidad sobre el arraigo y la prisión preventiva obligatoria para cumplir con la sentencia de la Corte IDH.
En casos de tortura, la Corte IDH dictaminó que los detenidos que aleguen haber sido torturados deben ser evaluados por un médico independiente de las autoridades penitenciarias o de detención para documentar las lesiones físicas.
Por Redacción
Editor: Carlos Jurado
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