La jueza novena de distrito, Karla María Macías Lovera, frenó indefinidamente la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y solicitó regresar su control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Por lo anterior, la jueza explicó que con la suspensión se busca no causar perjuicio al interés social ni al orden público, ya que no se obstaculizan las funciones de la GN para llevar a cabo labores de seguridad pública.
“Tal como establece la Constitución, la Guardia Nacional continuará bajo el mando civil”, señaló Macías Lovera.
En su resolución, la juzgadora federal ordenó regresar el control operativo y de administración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al conceder la suspensión a la organización Uniendo Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez.
La jueza concluyó que el activista cuenta con un interés legítimo para impugnar el decreto aprobado por los diputados el 3 de septiembre pasado y por los senadores el día 9 del mismo mes, porque se trata de un defensor de derechos humanos.
En su solicitud de amparo, el quejoso argumentó que la incorporación de la Guardia Nacional como otro brazo armado de la Sedena puede tener un efecto inhibidor de las libertades, como la libre expresión, manifestación de ideas y de reunión.
“La resolución establece que se debe suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales, y en caso de que dichas operaciones ya hayan comenzado se deberán restituir los montos a la SSPC, como lo establece el Presupuesto de Egresos del presente año”, explicó Macías Lovera.
Los efectos de la suspensión definitiva son para que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación federal a la Sedena, y los mismos permanezcan a cargo de un mando civil en la SSPC, como lo establece la Constitución.
Cabe destacar que la jueza otorgó hace unos días la suspensión provisional en contra de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.
Medida que fue impugnada por la Consejería Jurídica de la Presidencia y la dependencia federal, bajo el argumento de que se frenaba la creación de un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado para el combate a la delincuencia.
Por: Redacción
Editora: Nancy Luna
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