La alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles ha levantado el toque de queda que había implementado en respuesta a las protestas en la ciudad contra las detenciones de inmigrantes por parte del gobierno de Donald Trump. Esta decisión, anunciada el martes, surge tras lo que Bass describió como esfuerzos exitosos para prevenir el crimen y mitigar actos de vandalismo durante las manifestaciones nocturnas.
La medida, tomada hacia el inicio de las manifestaciones, tenía como objetivo salvaguardar tiendas, restaurantes y la comunidad en general. Sin embargo, la situación también ha generado un intenso debate sobre la militarización de las protestas a raíz del despliegue de la Guardia Nacional en California, ordenado por Trump tras el estallido de las manifestaciones.
Este despliegue, sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, marca un evento histórico, ya que es la primera vez en más de 60 años que un presidente moviliza la Guardia Nacional en un estado sin el consentimiento de su gobernador. La controversia ha revivido discusiones sobre el uso de fuerzas federales en situaciones civiles y la extensión del poder presidencial.
El contraste entre la Guardia Nacional y el Ejército de EE. UU. es crucial en este contexto. La Guardia Nacional, compuesta por voluntarios, se activa en tiempos de necesidades locales, mientras que el Ejército tiene funciones de defensa nacional y es una fuerza permanente. Este despliegue ha suscitado preocupaciones sobre el balance de poder entre los estados y el gobierno federal, así como el impacto de la militarización en la libre expresión.
Las palabras de Newsom resaltan una crítica al poder central agravado, argumentando que estas acciones reflejan una “guerra calculada” hacia las libertades civiles. La situación en Los Ángeles es un microcosmos de disputas mayores sobre derechos, seguridad y la gobernabilidad en tiempos tumultuosos.
