Los funcionarios públicos que otorguen permisos de construcción en asentamientos irregulares o áreas naturales protegidas en Puebla, serán sancionados hasta con 15 años de prisión.
Así lo establecen las reformas que fueron aprobadas este jueves por el Pleno del Congreso del Estado, las cuales tipifican como delito penal los actos y omisiones de los servidores públicos.
La propuesta enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y el Código Penal del Estado.
El objetivo principal es impedir las construcciones en zonas de riesgo donde exista probabilidad de que se produzca algún daño para la ciudadanía, como ocurrió con la explosión de una toma clandestina de gas LP en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.
Y es que el siniestro ocurrido el 31 de octubre del 2021 tuvo su origen desde la ubicación de las viviendas, ya que éstas se encontraban situadas sobre ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), mismos que fueron ordeñados de forma ilegal por “huachigaseros”.
Ante dichos antecedentes, se prohíbe la entrega de cualquier permiso en asentamientos irregulares que se encuentren en “derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales”.
Las reformas establecen penas de 4 a 10 años de prisión y multas económicas de 180 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA); las sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando el asentamiento irregular se encuentre dentro de un área natural protegida, elevándose de 6 a 15 años de cárcel.
Las modificaciones avaladas por el Pleno del Congreso local entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Por: Vera Fernández
Editor: Guillermo Pérez Leal
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