“El INE siempre ha respetado y respetará el Estado de Derecho, la legalidad, la división de poderes y las normas, aunque sean regresivas e inconstitucionales. Por ello ya comenzamos a acatar lo que esta nueva legislación arbitraria y antidemocrática nos obliga a hacer en tanto las instancias judiciales correspondientes no la declaran inconstitucional”
Lorenzo Córdova
Todavía Consejero Presidente del INE
Desde la semana pasada quedó instalado un Comité Técnico de ocasión, integrado por siete consejeras y consejeros, que tendrán que implementar los ajustes y recortes administrativos que requiere el llamado Plan B del presidente López Obrador publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en honor al embustero objetivo de la austeridad republicana.
Si en verdad la 4T estaba en busca de un sistema electoral presupuestalmente más eficiente: ¿por qué la propuesta inicial no eliminó el financiamiento público de los partidos políticos como ocurre en una verdadera democracia? O mejor aún, ¿por qué no ordenó la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPLES), como originalmente estaba proyectado en la reforma del 2014, con el objetivo de centralizar y eliminar la duplicación innecesaria de los árbitros electorales?
Y ya que estamos pidiendo imposibles, ¿por qué no despareció del sistema contencioso electoral la obligación del INE de monitorear y sancionar a cuanta concesionaria —y permisionaria— de radio y televisión existe en territorio nacional?
Se trata de tres simples modificaciones normativas que se traducirían a un ahorro 20 veces superior a los 2 mil 300 millones que hoy supone la contracción presupuestal que ordena el Plan B de Palacio Nacional. Si hacemos bien las cuentas esta reducción equivale al 11 por ciento de presupuesto total destinado para este 2023 al INE que, dicho sea de paso, no alcanza en su totalidad ni el 0.2 por ciento del gasto público federal. No cabe duda que, por cuidar los centavos de las elecciones, la feligresía lopezobradorista está descuidando los pesos de su democracia.
Ahora que si usted quiere reírse un rato, y comprobar que en México se requiere como requisito indispensable el fanatismo para aplaudirle al régimen; déjeme comentarle que la Federación tendrá que gastar cerca de 3 mil 500 millones de pesos para liquidar a todo el personal del Servicio Nacional Electoral (SNE), según lo publicado por el DOF. La cifra no sólo volvería nulo el ahorro para este ejercicio fiscal 2023, sino que contemplaría una carga extra a los contribuyentes de cerca de mil 200 millones de pesos para saldar los despidos que ordena el Plan B del presidente López Obrador.
Insisto, ¿austeridad republicana? Mis polainas…
P.D.
¿Qué habrá pasado con aquellos “bloques de inconstitucionalidad” que fueron detectados, desde el Senado de la República, y que en su momento le preocuparon tanto a Ricardo Monreal que hasta votó en contra de sus aliados? ¿Qué le habrá prometido Adán Augusto López al senador que ya no se le ve tan incómodo en Morena? ¿Acaso habrá amarrado la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como premio de consolación, justo como algunas “lenguas viperinas” manifiestan? Irremediablemente lo sabremos.
Por Enrique Huerta
