América vive una crisis en derechos humanos, debido a situaciones como el intento de militarización en México, la criminalización a las personas en movilidad y personas que abortan, violencia contra las mujeres, las detenciones con corte racial y la crisis en las cárceles en El Salvador, apuntó Aministía Internacional en su informe 2022.
Durante la presentación del documento en la Ibero Puebla, Edith Olivares Ferreto, directora de dicha organización en México señaló que ya habían alertado que los militares en las calles ya no sólo se encargan de tareas de seguridad, sino que cada vez más abarcan otras acciones como la vigilancia portuaria, obra pública y hasta la aplicación de las vacunas.
Recordó que Amnistía Internacional se fundó en México hace 52 años, en el periodo de la Guerra Sucia, cuando los militares tenían presencia en las calles, por lo que ha sido el tiempo en el que han advertido de los riesgos de que asuman responsabilidades de seguridad pública.
“Lamentablemente el año pasado tuvimos varias incursiones de fuerzas armadas y Guardia Nacional en donde murieron personas y hemos tenido por lo menos dos situaciones este año en donde militares estuvieron involucradas en la muerte de personas”, acotó.
Por otra parte recalcó la criminalización al movimiento feminista, así como la represión de las mujeres que salen a las calles a protestar por sus derechos, como la interrupción legal del embarazo que sigue sin aprobarse en diferentes entidades.
En su intervención, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, abundó más sobre la situación en otros países, como la “falsa” recuperación de la pandemia, lo que consideró como una forma que usaron gobiernos para concentrar más poder y convertir a grupos marginados históricamente como botín político.
Consideró que América es la región más desigual en el mundo, con más de 19 millones de personas obligadas a vivir bajo la línea de pobreza extrema, la falta de acceso a la salud, a la educación y al trabajo.
Al salir las poblaciones a protestar para exigir sus derechos, se han encontrado con represión por parte de las fuerzas de seguridad y un excesivo uso de la fuerza, lo que ha provocado detenciones ilegales.
Ejemplificó que fue el caso de Perú en diciembre del año pasado, cuando reprimió a unos manifestantes que tomaron las calles como forma de protesta contra su sistema político.
Mencionó que han fallecido 49 personas a manos de las fuerzas de seguridad más miles de heridos, así como un sesgo racial contra quienes detienen en estas movilizaciones.
Señaló que Amnistía Internacional ha documentado que en el Salvador más de 66 mil personas fueron detenidas arbitrariamente, de las cuales 108 personas han fallecido bajo custodia del Estado. En este país, dijo, se han confundido entre seguridad pública y la defensa de los derechos humanos con el gobierno de Nayib Bukele.
“Él ha vendido la ilusión del desmantelamiento de pandillas que han cometido atrocidades en contra de las comunidades, pero sabemos por experiencia que violencia sólo alimenta violencia y las pandillas no han sido desmanteladas”, acusó.
En su intervención, el rector de la Ibero Puebla Mario Patrón abordó el tema del papel de la sociedad civil y cómo ante la falta de solidez de la oposición en México, han sido las organizaciones las que fungen en este papel crítico contra el gobierno, cuando tendrían que ser acompañantes de víctimas e intermediarios.
Los tres coincidieron en que una de las mayores crisis que se viven son las personas en movilidad, es decir, los migrantes, pues ya se había denunciado la serie de violaciones a sus derechos humanos, lo cual ya cobró la vida de decenas de personas, entre ellos los migrantes fallecidos en una estación migratoria en Ciudad Juárez.
Por: Guadalupe Juárez
Editor: Guillermo Leal
