La empresa Agua de Puebla para Todos podría recibir una sanción económica por parte del SOAPAP, tras detectarse rezagos significativos en los compromisos de inversión y una nula mejora en la calidad del servicio que ofrece.
La diputada Guadalupe Vargas Vargas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en el Congreso local, informó que será a finales de este mes cuando el Sistema Operador defina si aplica las penalizaciones previstas en el convenio modificatorio de 2025.
Tras la comparecencia de directivos de la empresa y del SOAPAP el pasado viernes, la legisladora del Partido Verde señaló irregularidades graves en el manejo financiero de la concesionaria.
Entre estos, destaca que la empresa no ha cumplido con los montos acordados para los periodos 2022-2024 y lo que va de 2025.
#Puebla 📰 A finales de este mes, el Soapap determinará si se imponen sanciones económicas a la empresa Agua de Puebla, tras determinar que incumplió en cumplir con el servicio, informó la diputada Lupita Vargas.
— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 24, 2026
Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/UN998jNuFl
También se detectó que Agua de Puebla realizó inversiones en rubros que no estaban comprometidos o que no contaban con la autorización previa del organismo regulador.
A pesar de las justificaciones presentadas por la concesionaria, se evidenció una disminución en el número de colonias que reciben agua apenas un día a la semana ha sido mínima y el tandeo sigue siendo la realidad para la mayoría.
Tampoco se ha verificado una mejora tangible en las condiciones físicas y químicas del líquido que llega a los hogares, uno de los puntos más importantes de la demanda ciudadana.
La diputada local recordó que el convenio firmado en 2025 no es sólo administrativo, sino que incluye cláusulas punitivas específicas por el incumplimiento de metas operativas.
“SOAPAP se encuentra en el análisis de ese cumplimiento para definir si se aplican sanciones para Agua de Puebla o no”, puntualizó Vargas Vargas.
De confirmarse el incumplimiento, las sanciones podrían representar un precedente importante en la fiscalización de la concesión, que ha sido objeto de constantes críticas por parte de organizaciones sociales y usuarios de la zona metropolitana.
Editor: Remato León
