Mi primera columna publicada en ContraRéplica Puebla se remonta al 19 de febrero de 2020. “Por aquellos días”, como dicen todos los domingos en misa, los casos sospechosos de Covid-19 empezaban a cundir entre el personal de aeropuertos y centrales camioneras, el virus ya había penetrado la Unión Americana y sólo era cuestión de tiempo, el reconocimiento oficial del primer caso positivo en México de una pandemia que aún sigue trastocando la economía del mundo.
En Puebla, el aumento a la tarifa del transporte público tenía sólo un cuatrimestre de haberse implementado, y todavía nadie veía realizada la promesa de la modernización de las unidades. Por entonces publiqué lo que sigue:
“¿Cómo resolver entonces la crisis del transporte? Reconociendo las causas que verdaderamente la originaron. Si bien, la falta de incremento durante los últimos nueve años absorbió una inflación acumulada de 38.5 por ciento que ocasionó la “chatarrización” de las unidades; subir la tarifa extemporáneamente sin enfrentar una re-ingeniería del sistema de concesiones sólo resultará en la modernización de la disfuncionalidad que hoy padecemos. Aquí, como en muchos otros ámbitos de la vida pública, el pasado es responsable: cifras de la secretaría de Movilidad y Transporte dan cuenta que 2012 y 2017 fueron los años que más concesiones se otorgaron, 283 y 275 respectivamente, sin ningún estudio técnico; el criterio realmente era otro: pago de favores a gremios y particulares, en suma, clientelismo político. Esta anomalía se ha traducido en la saturación de unidades y duplicidad de rutas que han ocasionado que los operadores se vayan “peleando el pasaje”, una de las principales causas de los accidentes donde toman parte, por no hablar de la precariedad laboral de la que son víctimas a causa de un sistema de explotación que carece de seguridad social y menos aún de obligaciones fiscales para los flamantes dueños de las concesiones públicas. La pregunta es simple: ¿cuándo concluya la revista, la Secretaría de Movilidad se atreverá a redistribuir con criterios técnicos las unidades de más de 254 rutas que circulan en la entidad? Ojalá y lo haga porque es la única opción que tenemos en Puebla para tener el transporte público que merecemos”.
Más de dos años han pasado desde entonces, la chatarrización de las unidades ya es insultante en Puebla, mientras que la re-ingeniería de las rutas –la única medida técnica que puede resolver la crisis del transporte– “duerme el sueño de los justos”.
Para colmo de males, los señores concesionarios, esa sarta de explotadores en desacato fiscal y alevosía en materia de justicia social, con el propósito de asegurar “la cuenta” han diseñado un sistema de “geo-cercas”, es decir de tramos con tarifa móvil: cada operador debe pagar un peso, cinco o hasta 10 a la unidad que viene detrás por cada minuto de tardanza sobre el tiempo límite fijado arbitrariamente por la junta de transportistas.
¿El resultado? Exceso de velocidad de los operadores e involucramiento fatal de las unidades del transporte en los accidentes que todos los días padecemos.
¿La razón? Asegurar el ingreso promedio de los mentados concesionarios a causa de la saturación de las unidades en las rutas del transporte, desde luego, en detrimento de trabajadores y usuarios.
En consecuencia, la manifestación convocada por la Unión de Transportistas del Estado con la que arrancó la semana es, en términos prácticos, un desafío sin fundamento.
No sólo porque la flota aún no ha sido renovada sino porque muchos operadores –y a las pruebas me remito– ni siquiera cuentan con una licencia mercantil vigente, ni mucho menos con las certificaciones que la Ley Estatal del Trasporte establece.
Así que, señores concesionarios, ¿por cuánto tiempo sus ingresos aguantarán costear bloqueos de calles y avenidas? Mejor vayan pidiendo su nieve de limón porque es lo único que tendrán de los poblanos en el corto plazo.
Por Enrique Huerta
