El Gobierno de Puebla agotará las alternativas legales para evitar el pago de más de 400 millones de indemnización a la empresa “Melgarejo Construcción y Concesiones” por una obra contratada en 2009 que nunca concluyó, pues es un asunto que no está firme todavía.
Así lo manifestó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien consideró incorrecta y una lástima la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dio la razón a la constructora, incluso señaló que hay violaciones flagrantes, pues defendió que el Estado tiene la razón.
Incluso reveló que él mismo acudió a la Corte a “alegatos de oída”, por lo que tenía plena certeza de que los magistrados fallarían a favor del Estado y no de un privado, sin embargo dijo que no esperaba la votación en contra de tres magistrados.
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“Nosotros asumimos que sin duda el Estado tiene la razón y habrá que analizarlo de muchos fondos, yo fui personalmente a la Corte a alegatos de oída y bueno teníamos plena certeza de que inclusive venía el dictamen como lo propuso el ponente y no contábamos con esa votación en contra pero no es correcto y creo que hay violaciones flagrantes”, asentó.
Refirió que el Gobierno de Puebla no tendría que pagar la indemnización, además que el cálculo que se hizo sobre el monto es inadecuado, por ello enfatizó que “no hay nada en firme” y que la administración estatal no accederá a algo que no está hecho.
La semana pasada la Segunda Sala de la Suprema Corte revocó la sentencia de un tribunal colegiado y ordenó dar trámite al amparo promovido por la constructora, pues votaron en contra de revisar este caso, dejando firme la sentencia en contra del Gobierno de Puebla.
De manera que la administración estatal pagaría una indemnización a la empresa Melgarejo Construcción, así como el monto total de la inversión que realizó para el proyecto “Libramiento Poniente”, es decir –640 millones de pesos— más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían.
La constructora obtuvo la adjudicación de dicha obra en marzo de 2009, cuyos derechos explotaría por 30 años.
Sin embargo, en junio de 2012 la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle anunció que retiraría esta concesión, pues la obra llevaba más de tres años detenida por la falta de liberación del derecho de vía; y al final del sexenio otorgó la obra a Pinfra.
Ante esta situación, la constructora Melgarejo solicitó al Gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones, petición que no fue contestada por parte de la administración estatal.
Por ello, promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) local quien declaró la “negativa ficta”, es decir, que ante la falta de respuesta de la autoridad se debería dar la razón a la demandante.
Editor: Renato León Aranda
