El gobierno peruano expresó su rechazo a las declaraciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien calificó al expresidente Pedro Castillo como “injustamente encarcelado” y afirmó que su caso representa “un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.
La mandataria mexicana publicó en sus redes sociales un mensaje junto a una fotografía con Guido Croxatto, uno de los abogados defensores de Castillo, donde expresó “en nombre de México, mi más profunda solidaridad con él y su familia”. México había otorgado previamente asilo político a la esposa y los dos hijos del expresidente peruano.
Sheinbaum hizo un llamado directo a las Naciones Unidas, señalando que debe “actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia”. Añadió que “la libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”.
Esta no es la primera vez que la líder mexicana se pronuncia sobre el caso. A inicios de año, durante su conferencia de prensa matutina, ya había calificado como “injusticia” la detención de Castillo, lo que en su momento provocó una réplica peruana indicando que dicho respaldo mostraba “un marcado irrespeto por el estado de derecho y el principio de no intervención”.
El conflicto político peruano se remonta al 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Parlamento peruano. El legislativo respondió destituyéndolo y su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder. Esto desencadenó tres meses de protestas en el país que exigían la renuncia de Boluarte y del Parlamento, manifestaciones que fueron reprimidas con violencia y dejaron un saldo de 50 civiles fallecidos.
Dina Boluarte es la presidenta menos popular en Perú en los últimos 40 años.
Castillo, cuya gestión comenzó en 2021 y estuvo marcada por varios escándalos de corrupción, fue detenido y condenado a tres años de prisión preventiva mientras enfrenta un juicio por el presunto delito de rebelión. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Barbadillo, donde enfrenta una posible pena de 34 años de cárcel.
