No quisiera dejar pasar el hecho de que este 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el personal de la Unidad Médico Familiar (UMF) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidió izar la bandera del arcoíris en sus instalaciones mostrándose como una institución incluyente.
Enhorabuena por la apertura y la pluralidad; la paradoja radica en que se trata de una dependencia inclusiva que desafortunadamente no incluye medicinas en los anaqueles de las farmacias de cada una de las unidades del sector.
Para nadie es un secreto que el desabasto de medicamentos ha minado la salud y la economía de los mexicanos a niveles alarmantes, de acuerdo con el Informe “Radiografía del Desabasto en México”, elaborado por la organización Cero Desabasto, en colaboración con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria: en el IMSS durante 2021 por ejemplo, 22 millones 183 mil 671 recetas no fueron surtidas satisfactoriamente, se trata del 10.3 por ciento; una cifra gigantesca comparada con el año 2017, cuando “los neoliberales gobernaban este país”, por entonces sólo en el 0.9 por ciento de los casos –alrededor de un millón 700 mil, en términos nominales- los pacientes salían de consulta con las manos vacías.
¿Quién realmente está desmantelando el sistema de salud pública de este país? La Cuarta Transformación. De acuerdo al Informe antes referido: “el número de piezas de medicamentos comprados por el gobierno tiene una tendencia a la baja desde 2018 tanto que, en 2021, se compraron 5.9 por ciento menos medicamentos que en 2020, lo que equivale a 67 millones de piezas”.
No por nada la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al cierre del 2021, emitió un total de 19 alertas por falsificación de medicamentos. La contracción de la inversión pública en el sector salud ha generado un mercado negro de fácil acceso pero de repercusiones sanitarias incalculables.
¿Primero los pobres? Esa quizá sea la burla del siglo. Los más precarizados han hecho del comercio clandestino su farmacia de confianza, mientras que aquellos que tienen la posibilidad económica deben gastar $3,299 pesos en promedio para subsanar la consulta con un especialista –que en el sector público se consigue con una espera de entre 5 y 6 meses- junto con el pago de los medicamentos diagnosticados.
En medio de la desesperación, algunos derechohabientes incluso han optado por la vía judicial; sobre todo cuando el tratamiento y los estudios involucrados rebasan su ingreso neto: en 2021 se promovieron 15 mil 980 amparados indirectos contra el Consejo de Salubridad General (CSG). El problema es descomunal pues en 2019 sólo se promovieron 15 amparos.
Sin arcoíris ni estridencias, este es el IMSS realmente existente. Y aún así lo están haciendo “trans”, convirtiéndolo en “bienestar” para masificar aún más la decadencia.
Por Enrique Huerta
