Hace exactamente un año, el pasado 26 de octubre de 2021, comenzaba mi columna publicada en ContraRéplica Puebla con “la rebatinga en el Congreso del Estado por el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP)”; por aquellos días dejé entrever dos simples cosas –para efectos prácticos sólo abordaremos la primera– inmersas en la turbia marea de la política en Puebla:
“La primera consiste en la ignorancia manifiesta de 12 de 41 legisladores frente a las cuestiones constitucionales más elementales; no se trata de 12 apóstoles precisamente, más bien de 12 judas que desde su primaria trunca aseguraron que no pueden comprometer su voto para “la aprobación de un impuesto disfrazado de derecho”; cualquier alumno promedio en clase de Derecho Municipal advertiría la idiotez detrás de la sentencia que han compartido con orgullo Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evagelista Aniceto, Edgar Garmendia de los Santos, Angélica Cervantes González e Iván Herrera Villagómez.
Trágicamente, la mediocridad de sus cartas credenciales y su escasa formación académica tampoco les permite reconocer su servilismo a un par de liderazgos que apestan a morgue en Puebla: el de Claudia Rivera Vivanco por supuesto, la presidenta del subejercicio en cuyo epitafio político se asienta una de las humillaciones electorales más escandalosas por las que haya atravesado el partido del presidente López Obrador durante su sexenio; y en segundas nupcias, esta tunda de judas también se cobija en las aspiraciones de Ignacio Mier que igualmente están destinadas al fracaso, y no precisamente por su estatura política, sino por los movimientos del ajedrez nacional que actores con mayor talla como Ricardo Monreal tendrán que ejecutar desde el último trimestre de 2022 y que terminarán, tarde o temprano, sacándolo del tablero de la sucesión de Puebla”.
No hay plazo que no se cumpla. Hoy el senador Ricardo Monreal no está en ninguna parte, pero definitivamente en Morena menos que en ningún otro sitio.
Y hablando de sitio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo lo propio con la fracción legislativa que en Puebla cobra sus dietas por hacer el ridículo armando una cruzada contra el cobro del DAP, un derecho con absoluta validez constitucional como anticipamos hace un año, interpretación que recientemente secundó la Corte.
Era de esperarse que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, diera el siguiente paso, abriendo la posibilidad de que “en automático”, durante el siguiente ejercicio fiscal, las comunas consideren el cobro del DAP en sus leyes de ingresos. Mucho ayudará a mejorar la calidad de los servicios públicos municipales el hecho de que los ayuntamientos le arrebaten eficientemente el cobro del DAP a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Desde luego Salomón Céspedes no es el único que anda de fiesta, también Eduardo Rivera Pérez quien, en su momento, no solamente enfrentó la resistencia de los diputados morenistas antes mencionados; todavía hoy ladea la férrea oposición de los legisladores panistas contrarios a su proyecto político.
La coyuntura queda manifiesta en “la primaria trunca” detrás de la expresión del diputado Eduardo Alcántara por ejemplo, quien extendió el fallo de la SCJN a la configuración de una fórmula, en lugar de situarlo en el derecho que goza cualquier Comuna sobre el cobro del DAP mismo.
Cualquier estudiante universitario que haya tomado un buen curso de control de constitucionalidad identificaría la bestialidad detrás de semejante afirmación; desde luego no estamos ante un debate teórico, sino ante la pugna interna de una minoría enquistada en Acción Nacional, y profundamente contrariada porque para ellos “no habrá tiro” en la contienda interna por la candidatura a la gubernatura del estado de Puebla.
Por Enrique Huerta
