Las activistas en contra de la violencia vicaria acusaron de ejercer violencia institucional de parte de 15 jueces locales y federales, ocho ministerios públicos y cuatro psicólogos del Centro de Convivencia Familiar, quienes han caído en diversas omisiones que han violentado a infancias y sus madres.
En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, integrantes de las colectivas Mujeres por el Derecho al Cuidado y Una Vida Libre de Violencia y Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria se manifestaron en las inmediaciones del Poder Judicial de Puebla y la Federación.
Dos de ellas, Gabriela Rosas y Andrea Lezama expusieron que, mientras para las madres de infancias y adolescencias es difícil denunciar delitos como el de violencia familiar, sus agresores consiguen que les abran carpetas de investigación de manera rápida y sin elementos probatorios, ya sea por abuso sexual o violencia familiar.
La representante del Colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Gabriela Rosas, abundó que de los 20 casos que respaldan, en cinco las madres fueron vinculadas a proceso y en tres los jueces les han entregado la custodia de los menores al padre a pesar de ser considerados agresores, pero solo uno de ellos fue vinculado a proceso.
“Nos acusan mucho de que las mujeres ahora con las leyes tenemos siempre la razón y que con nada más la acusación, los hombres se quedan en la cárcel; eso no es real, pero es real que hay muchas mamás vinculadas a proceso con sólo la denuncia de un padre, que puede ser desde abuso sexual, omisión de cuidados o violencia familiar, y no hay sustento alguno”, declaró.
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Entre las acusaciones a los jueces locales se encuentran coaccionar a las madres a aceptar convenios de guarda y custodia con agresores aunque sean desventajosos para ellas y sus infancias o adolescencias, sin tomar en cuenta antecedentes de violencia familiar y la revictimización o descalificación de cómo ejercen su maternidad.
Asimismo, en el ejercicio de “escucha del menor”, no toman en cuenta lo que dicen las niñas, niños y adolescentes, como el tipo de violencia que ejercen sus progenitores contra ellas y ellos o sus madres, además de evitar ser acompañados por sus personas de confianza y ser atendidos por psicólogos y psicólogas en Cecofam recién egresados, sin herramientas para manejar situaciones donde los menores de edad viven en entornos violentos.
En tanto, los juzgados federales otorgan amparos sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez, en casos donde los padres no cumplen con la pensión alimenticia.
En la lista de los funcionarios acusados se encuentra, por ejemplo, la jueza Amada María Teresa Márquez Bermúdez, titular del Cuarto Juzgado Familiar de Puebla, a quien acusan de revocar guarda y custodia a las madres a partir de denuncias de los progenitores cuyas carpetas no han sido debidamente integradas y en las que no se han realizado periciales, mientras se niega a otorgar medidas precautorias ante las denuncias de los menores. La juzgadora, indicaron las activistas, acumula acusaciones de extorsión y corrupción en Huejotzingo.
Gabriela Rosas indicó que, a pesar de quejarse en el Consejo de la Judicatura para buscar sanciones contra las y los juzgadores, estas no proceden ante la supuesta falta de pruebas, las cuales no pueden consignar, ya que las audiencias son grabadas por los mismos jueces a los que acusan.
#Puebla 🗣️ Integrantes de los Colectivos Mujeres por el derecho al cuidado y una vida libre de Violencia y Madres exigiendo justicia contra la violencia Vicaria se manifiestan en inmediaciones del Poder Judicial de Puebla para exigir infancias y maternidades libres de violencia.… pic.twitter.com/QaeeEyEVoM
— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 5, 2026
