En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa que obligaría a la empresa Agua de Puebla para Todos a reparar de forma inmediata los daños que ocasionen en la infraestructura vial durante sus trabajos de intervención.
La propuesta, impulsada por la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, busca reformar la Ley del Agua del Estado de Puebla para añadir el artículo 32 bis.
La legisladora señaló que actualmente existe un abuso por parte de la concesionaria, cuyas obras inconclusas, pavimento hundido y banquetas destrozadas terminan siendo reparadas con recursos públicos de los gobiernos.
En ese sentido, recordó la reciente polémica ocurrida en la calle 24 Sur, entre la 7 y 9 Oriente, en la capital poblana.
En dicho punto, la empresa Agua de Puebla rompió la carpeta asfáltica para ejecutar obras de drenaje, dejando daños estructurales a pesar de que la vialidad había sido pavimentada apenas unos días antes.
El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente las afectaciones a la obra recién inaugurada y anunció que su administración buscará la aplicación de sanciones en contra de la concesionaria por el daño patrimonial causado.
Ante dicho panorama, el proyecto de ley establece reglas estrictas y de carácter obligatorio para todas las empresas prestadoras del servicio hídrico que pretendan intervenir la vía pública.
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Las empresas deberán tramitar y obtener las licencias correspondientes ante las autoridades municipales antes de romper cualquier calle.
Ante fugas o contingencias que pongan en riesgo el suministro o la seguridad de la población, podrán intervenir de inmediato, pero tendrán la obligación de informar al Ayuntamiento en un plazo máximo de 24 horas.
Las reparaciones deberán dejar las calles en condiciones iguales o mejores a las originales, pues no bastará con rellenar con tierra o colocar parches temporales.
Además, se fija un límite máximo de 15 días naturales para concluir de forma definitiva con los trabajos de reparación asfáltica, salvo casos excepcionales técnicamente justificados.
Las empresas estarán obligadas a garantizar la calidad y durabilidad de sus reparaciones por un periodo mínimo de 12 meses.
La diputada Delfina Pozos precisó que el incumplimiento de estas disposiciones será catalogado como una infracción grave dentro de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, por lo cual se aplicarían sanciones económicas y administrativas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local para su análisis y posible aprobación.
Editor: César A. García
