La consulta de revocación de mandato: una suerte de referendo que intenta emular los mecanismos de una democracia participativa en un sistema de partido de pluralismo limitado francamente podrido, ha resultado una planta exótica en suelo constitucional que, en vez de meter ruido, ha ocasionado un verdadero sonidero en los patios interiores de la accidentada democracia mexicana.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, hecha a toda prisa y sin el cuidado de la técnica legislativa que un proyecto de semejante naturaleza requiere, durante 65 días naturales todas las instituciones del Estado mexicano deberán guardar sepulcral silencio.
Desde luego se tarta de una porción normativa que el presidente López Obrador no sólo se pasó por el arco del triunfo, sino que motivó el auxilio de sus correligionarios en el Congreso de la Unión para que en fast track aprobaran una modificación electoral, publicada el pasado 18 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que a la letra dice: “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.
Este gandallismo legislativo, que claramente incurre en la inconstitucionalidad manifiesta –por no haber sido publicado 60 días antes del inicio del proceso de electoral-, abrió la puerta para que diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, presidentes auxiliares y técnicamente cualquier funcionario público, cuyo futuro político dependa del beneplácito de Morena, salga a promover cual porrista de estadio la continuidad de la 4T.
¿Realmente el segundo presidente más popular de occidente necesita de un ejército de propagandistas a sueldo para salir airoso en la consulta y asegurar la continuidad de su proyecto político? Con apenas 1/3 del total de casillas instaladas, con respecto al proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) privilegiará cabeceras municipales y distritales mejor comunicadas; aquí cobra sentido el temor de López Obrador: dado que el próximo 10 de abril las urnas estarán más cerca de electores de nivel medio que del pueblo bueno y precarizado que respalda sin chistar todo lo que venga de Palacio Nacional; la sobrerrepresentación de los electores de clase media será inevitable, pues independiente de la imposibilidad técnica –y jurídica– de la vinculatoriedad de la consulta, la sola posibilidad de un porcentaje significativo a favor de la revocación provocaría que Andrés Manuel pierda el control de su propia sucesión a causa de una ficción estadística ventajosa para todos los contendientes menos, evidentemente, para Claudia Sheinbaum.
Hagan sus apuestas: ¿demostrará la consulta de revocación que México no es el país de un solo hombre o, en su defecto, confirmará que la continuidad de la 4T no tendrá obstáculo alguno en su camino rumbo al 2024?
Por Enrique Huerta
