El 2 de octubre de 2025, la Administración de Donald Trump notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra oficialmente en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, calificando a estas organizaciones como terroristas extranjeras y a sus miembros como combatientes ilegales.
Esta nueva designación legal respalda tres ataques militares recientes en el mar Caribe, donde fuerzas navales destruyeron al menos tres lanchas vinculadas al narcotráfico y causaron la muerte de 17 personas a bordo, acciones justificadas por el Ejecutivo como legítimos actos de guerra.
Al enmarcar la lucha contra los cárteles como un conflicto armado no internacional, el Gobierno amplía sus facultades: puede detener indefinidamente a sospechosos y procesarlos en tribunales militares, incluso sin amenaza directa, lo que expertos en Derecho Internacional consideran un exceso de poder presidencial.
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La decisión desató malestar bipartidista en el Congreso. Varios senadores republicanos y demócratas reprocharon que no se les informara antes ni se obtuviera la autorización que exige la Ley de Poderes de Guerra de 1973 para lanzar operaciones militares en alta mar.
Para sostener estas acciones, Estados Unidos ha desplegado en la región al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear, más de 4 500 soldados y cazas F-35B en bases de Puerto Rico. El anuncio llega en medio de una crisis de sobredosis de opioides y abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y control legislativo de la guerra.
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