Tan sólo la semana pasada, en el marco de una agresión menor a Xóchitl Gálvez en el mercado de artesanías de Oaxaca, Palacio Nacional estaba envuelto en una vorágine de emociones que calificó como “una campaña de mala entraña, fascista” orquestada por columnistas y “medios de desinformación masiva”. En mi columna del pasado jueves titulada “Huipil valiente” hacíamos una pregunta que hoy resulta pertinente:
«¿Acaso se le olvidó al Gobierno de la República que, durante los últimos comicios federales de 2021, se documentaron 36 asesinatos a aspirantes y candidatos junto con mil 066 agresiones a políticos en el marco de sus aspiraciones electorales?»
La realidad les explotó en las manos en tiempo récord. Este lunes Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el asesinato de José Guadalupe Fuentes Brito, operador de Marcelo Ebrard en Chilpancingo, quien viajaba junto con su hijo que también pereció en el ataque directo.
La historia no es fortuita y desafortunadamente tiene antecedentes en nuestra memoria. En mi columna publicada el 1º de junio de 2021, también titulada “Sicariato y democracia”, en el marco del proceso electoral le comentaba a usted lo que sigue:
«No se ha salvado un solo estado de la Federación: la violencia política ha contaminado los procesos electorales en 460 municipios llevando a la tumba –al corte de Etellekt de este lunes– a 89 políticos, 36 de ellos aspirantes a diferentes cargos de representación popular. El escándalo se completa cuando de las 737 agresiones y delitos totales, el 75 por ciento se trataba de aspirantes y candidatos opositores a los gobiernos locales».
¿A qué se deben las cifras de semejante masacre? La lectura más obvia es el resultado de una mecánica nacional: los sistemas ilegales han echado raíces de manera paralela a las estructuras gubernamentales, cuando la penetración se institucionaliza se completa la complicidad entre servidores públicos y criminales. No por nada el gral. Glen VanHerck, jefe del Comando Norte del Pentágono, hace un par de años reveló un secreto a voces: «el 35 por ciento del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales».
Desde luego que durante las campañas, nos encontramos en una sucesión anticipada, los sicarios no sólo se dedican a lo que normalmente acostumbran: mantener las ganancias que produce el control ilegal de plazas y gobiernos gracias a la diplomacia del AK-47; también optan por convertirse en un “elector alterno”, capaz desaparecer a quien sea necesario para asegurar sus utilidades a través de la injerencia criminal en los procedimientos electorales. Me parece que la pregunta es obligada: ¿en una democracia de sicarios, qué posibilidades reales de seguridad tenemos los ciudadanos?
Por Enrique Huerta
