La bancada del PAN en el Congreso del Estado propuso sancionar con 6 a 10 años de cárcel a las personas que publiquen ofertas laborales falsas para cometer delitos, como trata de personas.
Además, pidieron la intervención de los tres niveles de gobierno para evitar que estudiantes foráneas que llegan a Puebla sean víctimas de los anuncios de trabajo fraudulentos que se ofertan por internet.
Este jueves durante sesión de la Comisión Permanente, la diputada Celina Bonaga Ruíz presentó la propuesta para reformar la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y el Código Penal del Estado.
Desde tribuna, expuso la problemática que salió a la luz en las últimas semanas, después de que una joven acudió a una cita de trabajo falsa y fue víctima de violación tumultuaria en un hotel de la capital.
La legisladora panista subrayó que ofertas de trabajo fraudulentas del tipo se publican para captar, especialmente, a estudiantes jóvenes que viven solas.
Detalló que, en la mayoría de los casos, ofrecen emplearlas como edecanes, modelos o trabajadoras sexuales, lo que eventualmente deriva en casos de trata de personas.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha alertado que el 35 por ciento de los casos de trata en México inician con estos anuncios engañosos en internet, especialmente en portales de empleo, redes sociales y aplicaciones de mensajería”, comentó.
En ese sentido, propuso imponer sanciones que van de 6 a 10 años de prisión, al que publique en páginas de internet o cualquier medio digital anuncios laborales o de cualquier índole que prometan empleo, beneficios económicos u oportunidades bajo engaños.
Lo anterior, con el objeto de cometer delitos de trata de personas o cualquier otro. Además, se impondrán multas económicas de 300 a 900 Unidades de Medida y Actualización.
La iniciativa también establece que las autoridades municipales y estatales deben, en el ámbito de sus competencias, supervisar a quienes a nombre de persona física o moral, publiquen anuncios con la finalidad de reclutar personas para actividades ligadas a trata.
Así como a los negocios que puedan ser propicios para la comisión de los delitos de trata de personas, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de internet, baños públicos u otros.
La propuesta de Bonaga Ruíz fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.
