“La patria requiere de una sociedad unida,
donde los sectores político, económico, social y militar que la integran
actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar
hacia el objetivo común: México”.
Gral. Luis Cresencio Sandoval
Ni cuando existía un sector militar en el partido oficial, hace más de 80 años, un secretario de la Defensa Nacional se hubiera atrevido a tanto. El discurso de Luis Cresencio Sandoval, en el marco de una conmemoración más sobre la gesta heroica de Los Niños Héroes de Chapultepec, nos habla de un país donde la militarización es la única regla del sistema.
¿Cómo llegó México, una nación herida por una interminable vocación de desapariciones forzadas que se remontan mucho antes de los hechos de 1968, a confiar en los principales sospechosos detrás de esa cadena de transgresiones tumultuarias?
¿Cómo fue posible que hasta el mismo ombudsperson, dígase la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), termine respaldando lo impensable: el ejército patrullando las calles? Bastaría con revisar el número de recomendaciones emitidas por el CNDH a las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina al año siguiente de “la declaración de guerra contra narcotráfico” de Felipe Calderón Hinojosa, en 2008, para darnos una idea sobre el nivel de impunidad en torno a desapariciones forzadas, torturas, cateos y detenciones arbitrarias perpetuadas por “el pueblo uniformado”; la institución que hoy Morena, con ayuda del PRI, ha elevado a los altares de la patria.
Quizá debemos hacer una retrospectiva para entender la coyuntura del momento. El 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), podía leerse lo siguiente: “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura (…) el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria”.
Hoy las propuesta, emanada de las filas del PRI, y patrocinada por cada audio exhibido en “Los Martes del Jaguar”, consiste en extender la prórroga de la militarización hasta el 2029. ¿Y por qué no hasta el año 2050? Si es que aún queda país para entonces.
El problema no sólo es que el ejército permanezca en las calles, sino que México se está convirtiendo en la cuna de un militarismo francamente extemporáneo en América Latina; pues los señores generales, al coordinar labores civiles-administrativas, día tras día se constituyen en un cuerpo colegiado que hace las veces de una jefatura de Estado.
Parece que no aprendimos del fracaso del ex presidente Calderón: mucha Guardia Nacional, mucha Defensa Nacional, pero escasa Procuración de Justicia genera como resultado una estrategia fallida incluso desde la óptica del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. 18 mil 93 homicidios dolosos acumulados en lo que va de este 2022 no puede, bajo ninguna circunstancia, ser un logro para ningún gobierno sensato.
¿Qué van a decirles a sus electores, los diputados de Morena por Puebla como Ignacio Mier Velasco o Raymundo Atanacio Luna, después de emitir su voto a favor de la militarización cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto eran los más reacios defensores del slogan: “qué el ejército regrese a los cuarteles”? ¿Cómo van a explicar su voto en contra de la militarización los diputados panistas como Genoveva Huerta o Humberto Aguilar Coronado cuando a nadie se nos olvida que aplaudieron las calenturas bonapartistas de Felipe Calderón? ¿Cómo podrán seguir sosteniendo los diputados del PRI, como Lázaro Jiménez Aquino o Blanca Alcalá, que “son distintos” si se han hermanado en una abrazo de Acatempan con la 4T que han combatido desde el triunfo de López Obrador? Para mala fortuna de todos no hay respuestas, porque este país sencillamente dejó de hacer preguntas.
Por Enrique Huerta
