La primera etapa de acciones para el saneamiento del río Atoyac registra un avance del 85 por ciento; además, se han inspeccionado 89 empresas instaladas en su margen, en su mayoría textileras a las que acusó de contar con “parceros”.
En la mañanera de Palacio Nacional, la secretaria federal de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, indicó que la PROFEPA ha impuesto multas por 56 millones de pesos, ocho clausuras e inicios de medidas correctivas contra empresas que realizaron descargas ilegales en las cuencas de los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago.
En el caso del Atoyac, precisó que se supervisaron 89 empresas, en su mayoría textileras, que vierten pinturas que se usan para la mezclilla y otras telas al río.
Acusó que el principal problema es que grandes empresas cuentan con “parceros”, es decir, domicilios particulares donde se realiza el lavado de mezclilla, por lo que es muy difícil ubicar y conducir dichas descargas.
“Las grandes plantas textileras reparten en la comunidad el lavado de mezclillas, por ejemplo; entonces las casas están lavando y los taninos van a dar al río. Y es muy difícil que esas descargas puedan ser conducidas”, apuntó.
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Avanza primera etapa de saneamiento
Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, explicó que la fase inicial para la limpieza del Atoyac implica la intervención de 63 kilómetros del afluente.
Entre las obras implementadas destacó la instalación de 12 kilómetros de líneas de reúso para canalizar el agua tratada para destinarla a riego agrícola; el inicio de construcción de 4 plantas de tratamiento de aguas residuales; la ejecución de 40 kilómetros de colectores y la reforestación de mil 100 hectáreas circundantes al río.
El titular de CONAGUA destacó que con dichas acciones se logrará el ordenamiento de 371 descargas irregulares al río y la eliminación de 110 tiraderos de basura.
Destacó que, en beneficio de las comunidades aledañas, se proyecta el desarrollo de un espacio público con canchas deportivas y un humedal artificial, así como un Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales para monitorear los espacios recuperados.
Editor: César A. García
