“Es politiquería”, con esa frase el presidente Andrés Manuel López Obrador resumió su desinterés por reunirse con las madres buscadoras, quienes con picos y palos van buscando a sus hijas e hijos desaparecidos en los ejidos más peligrosos del país.
El mandatario federal no ocultó su frivolidad hacia el grave problema que su gobierno ha ignorado: la desaparición de personas diariamente así como los expedientes rezagados que saturan los escritorios de los ministerios públicos del país.
¿Cuál sería el juego político de las mujeres que con mínimo o sin acompañamiento institucional han tenido que solicitar tregua con el crimen organizado para continuar con sus labores de búsqueda? ¿Por qué el temor a que se escuchen sus voces desde la mañanera? Quizá sea el miedo a quedar evidenciado como un gobierno indolente y fallido en la promesa de encontrar a sus seres queridos, cuando sabía que entre la herencia maldita del pasado recibiría el dato demoledor de 110 mil víctimas de desaparición.
“López Obrador ha quedado en deuda con este sector de mujeres, a pesar de sus promesas de que cada tres meses daría resultados de las búsquedas”, dijo en mayo pasado Guadalupe Fernández Martínez, integrante del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila, un estado que acumula más de 2 mil 500 desapariciones.
En esta coyuntura es positivo que en Puebla se elija a un nuevo titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, tras la salida de María del Carmen Carabarin por aparentes motivos personales.
Hasta este martes 8 de agosto estará abierta la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, y en espera de que la persona entrante tenga mayor voluntad y respaldo institucional, presupuestal y operativo para desempeñar su trabajo con mejores resultados.
Si bien Puebla no forma parte de la geografía más peligrosa de México con mayor número de desapariciones –como el Estado de México y la Ciudad de México–, los casos han sido rezagados, como si a ningún gobierno le interesara encontrar a las y los ciudadanos que abandonaron su hogar por voluntad propia o de manera forzada.
La lucha incansable de las madres buscadoras también ha tenido un alto costo en sus familias y peor aún, su integridad. Paradójicamente estos colectivos se han convertido en una amenaza para los grupos criminales, que sin piedad arrebatan esas vidas en total impunidad (cinco mamás asesinadas en 2022).
Con 10 mil 064 personas desaparecidas, el periodo de mayo 2022 a mayo 2023 se marca el récord más alto en las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El dato es aún más escalofriante: una persona ha desaparecido cada hora.
Según el Mapa de Hallazgos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en lo que va del actual gobierno federal se han localizado 2 mil 710 fosas clandestinas y casi siempre son descubiertas por los colectivos ciudadanos.
López Obrador olvida que las madres buscadoras como Ceci Patricia Flores Armenta tienen algo que no podrá desacreditar jamás desde el púlpito presidencial: su resiliencia.
Con seis hijos (tres desaparecidos) a ella nadie la detiene. A través del colectivo que fundó a finales de 2015 han encontrado más de 2 mil cuerpos en fosas o crematorios clandestinos y lo seguirán haciendo aun teniendo al gobierno como enemigo. ¡Vaya vergüenza internacional!
Por Patricia Estrada
