Contraloría Municipal reporta mil 856 expedientes de investigación

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Acumulan investigaciones por negligencias, omisiones patrimoniales y malos tratos. / Foto: Es Imagen.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Administración y Tecnologías de Información (Secati), Industrial de Abasto y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura concentran el 60 por ciento de los expedientes de investigación que lleva la Contraloría Municipal de Puebla.

Así lo informó la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, durante su comparecencia ante las y los regidores, en la que expuso que tienen mil 856 expedientes de investigación, de los cuales 385 fueron de la administración actual y se emitieron 396 determinaciones.

Asimismo, informó que se emitieron 15 informes de presunta responsabilidad administrativa.

Explicó que hasta septiembre se registraron mil 452 expedientes de investigación en trámite, de los cuales la mayoría son por omisión de la presentación en la declaración patrimonial y de intereses, irregularidades en los procesos de entrega-recepción, negligencia administrativa, en casos de siniestros vehiculares y extravío de equipamiento, deficiencias en la prestación de servicios o trámites municipales o abuso o ejercicio indebido del cargo o de función pública.

La SSC concentra 438 expedientes, la SGG 166, la Secati 152, Industrial de Abastos 91 y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura 81 expedientes, lo cual consideró que se debe a que tiene altas cargas operativas y el contacto con la ciudadanía.

La contralora municipal agregó que en la SSC, 48 denuncias fueron hacia policías, de las cuales 20 denuncias remitidas al Departamento de Asuntos Internos de la dependencia de seguridad, 23 inconformidades por imposición de infracciones y se le informó el recurso de revisión.

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Además, un caso a la agencia contra el acoso y hostigamiento sexual y laboral en la Secretaría de Igualdad y de Género, tres denuncias adicionales en proceso de investigación, se acumulan en 438 expedientes; 320 corresponden a omisiones de declaración patrimonial, 54 negligencias por extravío y 64 por casos de malos tratos, así como 70 expedientes concluidos.

En cuanto a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, comentó que la administración pasada acumulaba 88 expedientes, de los cuales 47 por deficiencias en el servicio, 37 por omisión en la presentación de declaración patrimonial, cuatro por malos tratos y dos por irregularidades en el proceso de entrega y recepción.

En esta administración se han recibido 17 nuevos expedientes, 12 por deficiencia en el servicio y cinco por omisión en la presentación de declaración patrimonial.

Sobre el área de Normatividad, informó que hay 32 expedientes de la anterior administración, 24 por deficiencia de servicio, dos por abuso en el ejercicio de funciones, tres por solicitud injustificada de recursos económicos, dos por irregularidades en el proceso de entrega-recepción y una por omisión de la declaración patrimonial.

En esta administración se contabilizaron siete nuevos expedientes, cuatro deficiencias en el servicio, dos por solicitud injustificada de recursos económicos y una por omisión en la declaración patrimonial.

Seis servidores sancionados

Por otra parte, dio a conocer que hay 22 expedientes de responsabilidad administrativa, 14 por conductas graves y ocho por conductas no graves, y se aplicaron sanciones a seis servidores públicos por faltas administrativas no graves y se remitió un expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por una falta grave.

En cuanto a las sanciones por faltas no graves, detalló que dos fueron amonestaciones públicas, una destitución de empleo, una inhabilitación de tres meses, una suspensión de cinco días y otra de siete días.

También dijo que se sancionó a una empresa por infracción a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma en el estado de Puebla.

Sin culminar investigación por hoyo financiero

La Tesorería Municipal sigue con la investigación por el “hoyo financiero” en la administración pasada iniciada en noviembre del año pasado, por lo cual todavía se desconoce si hay servidores públicos responsables del mismo.

Rivera Aranda explicó que, debido a que se trata de una indagatoria en curso, tiene que reservarse la información al respecto para proteger la integridad de las líneas de investigación y preservar la presunción de inocencia en el caso de los que pueden estar relacionados con los hechos.

Editor: César A. García

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