La diputada local de Morena, María Soledad Amieva Zamora, presentó una iniciativa para tipificar de manera específica el robo de autopartes en el Código Penal del Estado de Puebla, con penas de tres a siete años de prisión y multas de hasta 108 mil pesos.
La propuesta busca sancionar no solo la sustracción de piezas, sino también la cadena de comercialización ilegal a través de redes sociales y plataformas digitales.
La iniciativa señala que actualmente el delito de robo de autopartes se sanciona con base en el valor económico del objeto robado.
Sin embargo, la legisladora argumentó que el impacto va más allá del precio comercial de la pieza, ya que dejar inhabilitado un vehículo afecta la movilidad, el patrimonio familiar, las jornadas laborales y la seguridad de las víctimas.
Asimismo, el proyecto contempla un diagnóstico enfocado en zonas urbanas de la capital poblana como las colonias La Paz, Huexotitla y el Centro Histórico, identificadas por el sector empresarial como focos rojos en el repunte de este ilícito.
Se establece un castigo de 3 a 7 años de cárcel y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con independencia del valor comercial de lo robado.
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Si lo sustraído es solo un accesorio ornamental o de equipamiento que no afecte el funcionamiento ni la seguridad del auto, la pena se calculará bajo la regla general por cuantía económica.
Los objetos personales, equipaje, mercancías o herramientas dejados en el interior del auto continuarán sancionándose como robo a interior de vehículo.
Para combatir el mercado negro que alimenta este delito, la iniciativa propone penas de 6 a 12 años de prisión a quien comercialice o almacene autopartes robadas.
La sanción aplicará a quien almacene, distribuya, enajene o trafique piezas robadas a través de establecimientos físicos, tianguis, redes sociales, plataformas digitales u otros medios electrónicos.
Para evitar abusos contra comerciantes o talleres legítimos de piezas usadas, la Fiscalía deberá comprobar la procedencia ilícita de la pieza, el conocimiento del vendedor sobre su origen ilícito y el fin de obtener un beneficio económico.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
Editor: César A. García
