¿Qué gana el presidente López Obrador con poner a prueba su popularidad y sobrado capital político enviando una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que no pasará la prueba de la oposición en el Congreso de la Unión? Quizá lo mismo que Félix Salgado Macedonio obtenga presentando ante la Cámara de Diputados una denuncia extemporánea de solicitud de juicio político contra Lorenzo Córdova y otros seis consejeros electorales que en su momento votaron a favor de cancelar su candidatura a la gobernatura de Guerrero: un escenario inmejorable para montar un discurso de odio que cohesione la identidad del voto duro de Morena en el marco de una sucesión presidencial incierta.
Para bien o para mal la reforma electoral más ambiciosa -y rupturista- que se haya presentado en San Lázaro en los últimos 50 años de desarrollo político nacional se reduce a un vulgar templete de campaña; no está pensada para mejorar el sistema electoral mexicano y mucho menos para enmendar sus grandes vicios: en materia de ministraciones Morena resultaría la principal fuerza política damnificada de aprobarse los recortes presupuestales que pretende la iniciativa presidencial.
La reforma es una pieza propagandística casi perfecta, nada más y nada menos. Y para muestra bastaría con un simple ejemplo:
Sin duda uno de sus más gratos aspectos consiste en la eliminación de los diputados plurinominales; desde luego se trata de una vieja herencia que viene de la reforma política de 1977 cuando este país, en el marco de una liberalización controlada, tenía que “pintar” San Lázaro de una pluralidad tan ficcional como fuera posible, y la solución que encontraron fue obsequiarle a la oposición 100 curules de proporcionalidad que jamás hubieran conseguido legítimamente por la vía mayoritaria; no obstante, las crisis económicas recurrentes debilitaron la base corporativa del PRI al grado que, para el año de 1986, el partido de Estado presentaba grandes problemas para seguir siendo una fuerza hegemónica en el Congreso; no quedaba más remedio que echar mano de la reforma constitucional e introducir otros 100 diputados de proporcionalidad: 50 más para la oposición y, por primera vez 50 para asegurar que el Revolucionario Institucional, a través de la llamada “cláusula de gobernabilidad”, alcanzara la mayoría constitucional en la Cámara a través de la magia de la ingeniería electoral.
En la década siguiente, entre 1986 y 1996, las fórmulas de reparto proporcional se sofisticaron al grado de sobrerrepresentar exitosamente al PRD, PT y hasta el PVEM. Aparentemente dos de esos tres partidos hoy están decididos en cortar el cordón umbilical de la representación proporcional.
¿En verdad? Vamos a los datos actuales: ¿qué sería de la capacidad de negociación del Verde Ecologista con sólo 28 diputados de 300 de mayoría relativa? O mejor aún, ¿qué haría Morena, ante futuras reformas constitucionales, cuando se enfrente al reto de buscar 200 curules teniendo sólo 179 -sumando las bancas del PT y hasta las del tucán embustero y miserable-?
¡Fuera máscaras, señores! La reforma es una pieza propagandística casi perfecta. Ya dejen de darle atole electorero al pueblo bueno y sabio.
Por Enrique Huerta
