La reciente explosión registrada en un predio de la comunidad de San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, volvió a poner en evidencia la problemática del robo de combustible en esta región, que durante el primer trimestre de 2026 se ubicó como el principal foco de extracción ilegal de gas LP en el estado de Puebla.
De acuerdo con cifras del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), entre enero y marzo de este año fueron detectadas 116 tomas clandestinas de gas LP en territorio poblano. De ese total, 44 se localizaron en Tepeaca, colocándolo en el primer lugar estatal por incidencia de este delito y concentrando más de una tercera parte de los casos documentados en la entidad.
Las estadísticas reflejan la magnitud del fenómeno, pues durante ese periodo se descubrió en promedio una toma clandestina de gas cada 13 horas con 57 minutos en Puebla. Habitantes de San Juan Negrete señalaron que la presencia de instalaciones presuntamente vinculadas al almacenamiento y manejo irregular de combustible era conocida en la zona desde tiempo atrás, por lo que el siniestro ocurrido recientemente reavivó las preocupaciones sobre la operación de estas redes ilícitas.
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Fue precisamente tras la explosión de cuatro contenedores con combustible en dicha comunidad que surgieron versiones relacionadas con la posible participación de unidades rotuladas con la imagen de una empresa gasera. Sin embargo, la compañía Global Gas emitió un posicionamiento oficial para rechazar cualquier vínculo con los hechos.
La empresa informó que realizó una revisión interna luego de ser notificada sobre la presencia de vehículos con características similares a las de su flotilla y concluyó que las unidades observadas no forman parte de su patrimonio. Asimismo, sostuvo que la utilización de logotipos o elementos gráficos asociados a su marca en vehículos ajenos constituye un uso indebido de su identidad corporativa.
Finalmente, el corporativo aseguró que ya proporcionó información técnica y documental a las autoridades estatales para contribuir con las investigaciones que encabezan la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Editor: César A. García
