Ante la discusión y aprobación de una Ley General de Feminicidio en el país, María Fernanda Santos de la Rosa y Simón Hernández León de la Clínica Minerva Calderón de la IBERO Puebla expusieron que se tiene que tomar en cuenta criterios distintos a los actuales para juzgar los asesinatos por razón de género y eliminar estereotipos en las demás leyes de violencia contra las mujeres.
En conferencia de prensa, recordaron que la familia de Araceli Vázquez Barranco busca justicia desde hace 13 años, cuyo asesinato se clasificó como homicidio doloso a pesar de los indicios de feminicidio al ser atacada por su expareja, a quien le redujeron su condena.
Su madre, Amada Barranco, buscó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echar abajo la decisión de tribunales que pidieron repetir el proceso para emitir de nueva cuenta la condena y comprobar que su hija fue víctima de acoso reiterado y violencia psicológica; sin embargo, le fue negada la revisión y ahora se volvió a abrir la investigación, lo cual revictimiza a su familia.
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Santos de la Rosa expuso que hay deficiencias en las leyes, pues se mantiene como criterio en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que una víctima de violencia psicológica tiene que estar aislada o comprobarse depresión, cuando las dinámicas de violencia las atraviesan de la misma forma.
“Pero no todas las víctimas ni sobrevivientes atraviesan las dinámicas de violencia de la misma forma, y el hecho de que una ley creada para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes contemple perfiles estereotipados, entonces, pues, no será relevante qué tantas leyes y reformas de feminicidios haya, si no se voltea a ver las otras deficiencias a las demás leyes alrededor”, comentó.
Para Hernández de León hay un retroceso en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha dejado sin justicia a las víctimas, como en el caso de la activista Elena Ríos.
Editor: César A. García
