La reciente resolución de una jueza de control en Puebla ha desatado indignación entre colectivos feministas y defensores de derechos humanos, luego de que se le otorgara la custodia de dos menores a Armando “N”, acusado de ejercer violencia vicaria y agresiones físicas contra su expareja, September Vélez.
El fallo judicial se dictó pese a la existencia de pruebas videográficas donde se observa al señalado violentando a la mujer dentro de su domicilio.
Diversas organizaciones acusan que el caso representa un claro ejemplo de revictimización institucional.
Señalan además que, pese a que September ha expuesto públicamente amenazas con arma de fuego, lesiones y la sustracción de sus hijos, la jueza Cristina Pérez Terrón falló en contra de la madre.
La defensa de Vélez ha anunciado que apelará la resolución y solicitará una revisión al Consejo de la Judicatura, mientras que activistas exigen transparencia en el proceso y garantías para la integridad de los menores.
