El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán, exigió al gobierno mexicano aclarar la localización de 16 mil personas desaparecidas.
El funcionario pidió identificar a las personas reportadas como localizadas durante el último año y precisar si fueron reunidas con sus familias o si recibieron información sobre su paradero.
Juan Pablo Albán advirtió que, incluso si las cifras oficiales se confirman, México todavía enfrentaría una crisis con más de 120 mil personas desaparecidas pendientes de encontrar.
Tras difundirse sus declaraciones como una felicitación al gobierno federal, el presidente del CED aclaró que sus palabras reconocían los resultados, pero exigían verificar su alcance.
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En un mensaje publicado en su cuenta de X, sostuvo que las cifras reportadas deben comprobarse y no pueden utilizarse para minimizar la magnitud de la crisis de desapariciones.
También reconoció los esfuerzos de las familias buscadoras y recordó la activación del protocolo del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Del mismo modo, señaló que la Asamblea General de la ONU debe examinar la situación mexicana y, si resulta necesario, adoptar medidas tras la remisión del caso por el Comité.
Un día antes, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, advirtió sobre indicios fundados de que las desapariciones forzadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Para que no se tergiversen mis palabras ayer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar, pero, primero es importante saber quiénes son las personas localizadas, si ya fueron regresadas a sus familias o al menos sus familias han sido debidamente informadas; segundo, si se ha localizado a 16000 quedan más de 120000 por localizar y hay que continuar los esfuerzos en tal sentido; y tercero, si esto es verdad, claramente es un efecto de la constancia de las familias y de la activación del procedimiento del art. 34 por parte del #CED que no exonera a la #UNGA81 de analizar la situación y de ser el caso tomar acciones frente a la remisión de la situación a su conocimiento, que realizamos en abril del presente año.
— Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) October 21, 2026
