Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal del Altiplano, vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal, bajo la hipótesis de que el exmandatario, en su calidad de servidor público, habría ocultado información y evidencias.
El juez reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exgobernador permanecerá internado en el penal del Altiplano mientras continúa el proceso. Además, concedió un plazo de 120 días para la investigación complementaria, durante el cual la Fiscalía podrá recabar más elementos y la defensa tendrá oportunidad de presentar nuevas pruebas.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, sino que establece que existen elementos para continuar formalmente la investigación.
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El disco con imágenes del Palacio de Justicia
La acusación de la FGR sostiene que el exgobernador ordenó ocultar o destruir un disco que contenía imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la investigación, el material mostraba el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes y la presencia de personas armadas y policías durante los hechos. La Fiscalía considera que el disco podría haber sido fundamental para establecer la ruta que siguieron los estudiantes y determinar quiénes participaron en su traslado.
Según los testimonios incorporados a la investigación, una visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría sustraído un sobre con las grabaciones y lo habría entregado al entonces gobernador el 29 de septiembre de 2014. El acusado, a su vez, lo habría entregado al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de las evidencias.
La defensa del exgobernador argumentó que no pudo haber recibido el disco en la fecha señalada, ya que se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Editor: Edgar Espinoza
