Miguel R., conocido como ‘Cuchillo’ y presunto responsable de la matanza de 13 trabajadores en una mina de oro en Perú, fue capturado en Colombia por la policía local y la Interpol. La detención se logró gracias a una labor conjunta de inteligencia y coordinación entre las autoridades peruanas, colombianas e Interpol.
‘Cuchillo’ fue localizado y arrestado en Medellín, ciudad a la que llegó el 5 de mayo tras ingresar por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La policía colombiana, mediante el análisis de cámaras de seguridad, pudo seguir sus movimientos, identificando los vehículos que utilizó y los hoteles donde se alojó.
La matanza de los 13 mineros en Perú ocurrió el 25 de abril de 2025; ese día, los trabajadores de la empresa R&R fueron secuestrados durante sus labores en la mina. Posteriormente, fueron torturados y ejecutados en un túnel subterráneo, donde sus cuerpos fueron encontrados el 4 de mayo con signos de violencia extrema.
La Fiscalía peruana destacó que esta captura internacional fue posible gracias al trabajo de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, región donde se encuentra la mina Poderosa, lugar de la masacre. En paralelo, en Perú fue detenida Liliana P., investigada por obstrucción a la justicia.
Ambos están acusados de pertenecer a una organización criminal. El varón enfrenta cargos por homicidio agravado, mientras que la mujer es investigada por obstrucción de la justicia.
Según la policía colombiana, ‘Cuchillo’ formó parte desde 2014 de la banda criminal Los Chuckys, conocida por robos violentos, y en 2023 estuvo implicado en el asesinato de 10 mineros en la misma mina.
En 2024, fue vinculado como líder del brazo armado de la organización La Gran Alianza, que buscaba controlar la minería ilegal en Pataz, zona donde ocurrió la masacre.
Tras la captura, el Gobierno peruano trabaja con Colombia para gestionar la expulsión de Miguel R y que pueda responder ante la justicia en Lima. El canciller Elmer Schialer explicó que se busca un proceso expedito mediante expulsión, no extradición, aunque la decisión final dependerá de las autoridades colombianas y su legislación.
