Diputadas locales del Congreso de Puebla buscan que deudores alimentarios y violentadores de mujeres queden impedidos de participar como candidatos en elecciones populares o de ocupar cargos públicos.
Las iniciativas presentadas por Nora Merino Escamilla del PT y Yolanda Gámez Mendoza de Morena plantean reformas a la Constitución del Estado para suspender los derechos políticos de acosadores, agresores y padres incumplidos.
La propuesta plantea establecer la “ley 3 de 3 contra la violencia” que también se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados, a fin de frenar las candidaturas de hombres violentadores a nivel nacional.
Al respecto la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino, explicó que su iniciativa contempla reformas constitucionales para que las personas interesadas en contender en las elecciones de 2024, estén obligadas a presentar su declaración 3 de 3.
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En ese sentido, se establecerá como requisito para acceder a alguna candidatura no haber sido sentenciado por violencia política de género, no tener antecedentes por violencia familiar y no ser deudor alimentario.
Indicó que los criterios ser aplicarán para ser gobernador o gobernadora: diputado o diputada local; magistrado o magistrada del Tribunal Superior de Justicia; o para ejercer cualquier cargo en la administración estatal.
“Ninguna persona que esté sentenciada por violencia política de género, por violencia familiar o cualquier tipo de violencia y además que sea deudor o deudora alimentaria puede ser candidato o candidata para cualquier cargo de elección popular”, comentó.
Merino Escamilla detalló que dicha propuesta se complementaría con la “Ley Sabina” que se presentó recientemente en el Congreso local, a través de la cual se crearía un Registro Público de Deudores Alimentarios para restringir a los padres morosos de ciertos derechos.
Por Vera Fernández
Editora: Brenda Balderas
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