El Congreso de Puebla perfila reformas para reconocer la violencia vicaria como un delito autónomo, el cual se sancionará hasta con 10 años de cárcel y será motivo para la pérdida de la patria potestad de menores de edad.
Así lo expusieron diputadas locales durante el Foro “Violencia vicaria, su autonomía, sanción, derechos y obligaciones”, realizado este miércoles en la sede del Poder Legislativo.
Durante el evento, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, expuso la necesidad de armonizar las leyes del estado en materia de violencia vicaria.
Aunque resaltó que dicho tipo de violencia de género contra las mujeres se reconoce en Puebla desde el 2022, sólo se encuadra dentro del delito de violencia familiar.
Al separarlo y tipificarlo como un delito autónomo en el Código Penal, se facilitará su investigación por parte de Ministerios Públicos y el acceso a la justicia para las víctimas.
En ese sentido, refirió que se sancionaría con 3 a 10 años de prisión a los responsables, además de que será causal para la pérdida de la patria potestad de hijas e hijos.
También resaltó que sería motivo de la nulidad del matrimonio de forma inmediata, además de que los violentadores estarían obligados a recibir atención psicológica con perspectiva de género.
“Esta iniciativa establece tipificar el delito de violencia vicaria, convirtiéndose en causal de divorcio, pérdida de patria potestad, restricción para el régimen de visitas y convivencias, así como el impedimento de la guarda y custodia para niñas, niños y adolescentes”, explicó.
Por su parte la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, subrayó que las reformas legales deben ir de la mano con un trabajo eficiente por parte del Poder Judicial.
La legislación de Puebla define a la violencia vicaria como “todo acto u omisión intencional, con el objeto de causar daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos”.
Actualmente, sólo la Ciudad de México, el Estado de México, Yucatán y Zacatecas lo reconocen como un delito autónomo.
Editor: Renato León Aranda
