El indígena otomí Silverio Reyes fue liberado tras casi dos años de privación de libertad, acusado con pruebas obtenidas bajo tortura por agentes de la Policía Ministerial. Esta decisión fue tomada por el Juez Raymundo Torres Martínez en Huayacocotla, Veracruz, quien rechazó la validez de tales pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado.
La acusación contra Reyes se basó en la declaración de Diego Fernando Bonilla, quien fue torturado por agentes de la Policía Ministerial de Veracruz en 2023 para forzarlo a dar un falso testimonio. A pesar de que Diego denunció la tortura de inmediato, no se ha abierto una investigación sobre la misma.
La ONG Centro Prodh destacó que la decisión del juez fortalece la denuncia de Diego, reconociendo la gravedad de la tortura y llamando a la Fiscalía General de Veracruz a investigar esta violación de derechos.
Se menciona que la Fiscalía no actuó de manera adecuada durante el proceso penal, violando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas involucrados.
El caso de Silverio y Diego es un reflejo preocupante sobre la prevalencia de la tortura en México. Según el Informe Nacional del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET, 2025), Veracruz tiene el mayor número de expedientes abiertos por tortura a nivel nacional, con un total de 3,331 casos entre 2018 y 2024.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos en México han enfatizado que la justicia es solo posible si se reconoce la verdad y se sancionan a los responsables por estas prácticas.
La situación de vulnerabilidad de las personas indígenas es alarmante, con 819 casos de tortura registrados a nivel nacional, lo que agrava el problema a niveles individuales y comunitarios.
