El gobernador Miguel Barbosa Huerta subrayó que la toma de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP) derivó del ordenamiento de un juez civil de la Ciudad de México que solicitó la colaboración del Poder Judicial de Puebla y a su vez de la Policía Estatal.
Destacó que en el proceso no hubo incidentes, pero los elementos de seguridad privada y personal administrativo de la institución se opusieron a la intervención y trataron de evitar la salida de documentos.
Sin embargo, señaló que será por la vía judicial como se determine quién tiene la razón en el conflicto legal por el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins que edificó la UDLAP y cuyo dinero –dijo- fue cambiado de lugar en diversas ocasiones y actualmente se encuentra en Panamá.
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Añadió que desde 2013 han existido varios litigios y ahora hay un nuevo patronato -presidido por Horacio Magaña Martínez– que asumió el control de los bienes existentes en relevo de los anteriores miembros que dejaron “hueca” a la Fundación.
“Fue una diligencia ordenada por un juez civil de la Ciudad de México y fue ejecutada en Puebla porque la universidad está acá en Puebla, esa diligencia no fue ordenada por un juez de Puebla”, expresó.
Cabe mencionar que, el 29 de junio, elementos de la Policía Estatal ingresaron a la sede de la UDLAP, acto que el rector Luis Ernesto Derbez Bautista calificó como una “toma ilegal” y acusó que se intenta imponer a un “nuevo” presidente al frente del patronato.
