La Fiscalía General del Estado (FGE) determinó implementar medidas de protección para Lorenzo, un niño de tres años, y su padre, Raúl Alberto González Martínez, mientras continúa la investigación relacionada con la guarda y custodia del menor de edad.
La decisión fue tomada este viernes 21 de agosto, luego de que el padre acudiera un día antes a la Unidad de Investigación Reforma, perteneciente a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, para denunciar presuntos hechos de violencia familiar.
A petición de la agente del Ministerio Público, Margarita Sánchez, la FGE solicitó al secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez, que se encargue de ejecutar las medidas de protección, las cuales tendrán una vigencia de 30 días naturales.
Entre las disposiciones se encuentra la vigilancia en el domicilio y el auxilio policial para Raúl Alberto, Lorenzo y sus familiares. Además, se estableció que Alana Orduño Mojica, madre del menor, deberá abstenerse de realizar actos de intimidación o cualquier conducta que pueda poner en riesgo al padre o a integrantes de su familia.
Las nuevas medidas se emiten en medio de un conflicto que se hizo público esta semana, luego de que la FGE activara el martes 18 de agosto una Alerta Amber para localizar a Lorenzo, reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el lunes 17 de agosto en el fraccionamiento Jardines de Zavaleta.
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La madre sostuvo entonces que el menor de edad había sido sustraído de su domicilio sin su autorización y señaló directamente al padre. También afirmó que se habían llevado documentos oficiales y aseguró contar con una resolución judicial de custodia provisional, por lo que manifestó haber presentado denuncias por sustracción de menor y violencia vicaria.
Posteriormente, Raúl Alberto González rechazó esas acusaciones y aseguró que su hijo se encontraba sano y bajo su cuidado como consecuencia del conflicto familiar. Su defensa también ha sostenido que existe una suspensión provisional de amparo para impedir que el menor de edad sea separado de su padre mientras se resuelve la controversia judicial.
El conflicto tuvo uno de sus momentos más tensos durante la madrugada del 19 de agosto, cuando siete agentes de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al Hotel Villas Arqueológicas, en San Andrés Cholula, donde se encontraban el padre y el menor.
Según la versión de la defensa paterna, los agentes pretendían llevarse al niño para entregarlo a su madre. El procedimiento quedó registrado mediante una transmisión en vivo realizada por el propio padre, quien cuestionó el fundamento legal de la diligencia y mostró el documento relacionado con la suspensión provisional.
Editor: César A. García
