Detrás del exaspirante a la gubernatura, Javier N., hay un entramado profundo de corrupciones políticas, un caso de intereses políticos profundos de gente que ha gobernado este país y este estado, aseguraron activistas de diversas colectivas que pidieron justicia para Cecilia Monzón.
En conferencia de prensa, Yali Figueiras de la Colectiva Por las Mujeres de Puebla dijo que no saben hasta dónde llegan las conexiones, pero expresó que las activistas que exigen justicia por la abogada feminista también temen por su integridad al alzar la voz en este caso, debido a la impunidad de la que ha gozado el expolítico.
“Las que estamos sentadas enfrente también tenemos miedo, estamos también alzando la voz por la familia de Ceci, porque si a alguna nos pasara algo, estamos seguras de que nuestras compañeras también alzarían la voz por nosotras“, sostuvo.
#Puebla Las activistas señalan que también tienen miedo de alzar la voz por Cecilia Monzón, ya que acusan que hay un entramado profundo de corrupciones políticas.
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Las activistas como Andrea Lezama de Madres Exigiendo Justicia contra la violencia vicaria, María José Casas de Jesús, Gabriela Rosales de Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, feministas de Izquierda 19 de Marzo, por mencionar algunas, acusaron que Javier N. busca maniobrar en el ámbito judicial y mediático los procesos legales en su contra tanto de feminicidio y violencia familiar, sin importar que afecte la memoria y dignidad de la víctima.
En este sentido, recordaron que los dos procesos judiciales están plagados entre suspensiones, recursos y aplazamientos, por lo cual reiteraron su exigencia de que se cumpla la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que obligan a prevenir retrasos injustificados y garantizar el derecho de las mujeres a una justicia oportuna y efectiva.
#Puebla Diversas colectivas piden justicia para Cecilia Monzón en el juicio por feminicidio y evitar que sigan revictimizando a su familia con narrativas a favor de sus agresores.
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Para Gabriela Rosales este tipo de procesos en los que la justicia tarda, empodera a los agresores y desalienta a las víctimas para denunciar.
Andrea Lezama remarcó que las instituciones tienen que garantizar la justicia, ya que Cecilia en su momento alzó la voz, denunció y no le hicieron caso.
Las activistas pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantener su atención en el actuar de las instituciones en Puebla, así como a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramírez, del Estado Idamis Pastor Betancourt y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Belinda Aguilar, dar celeridad a los diversos procesos del caso.
Editor: Renato León
