El gobierno de Estados Unidos ha formalizado una acusación contra México por presuntas violaciones al Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral de 2015, tras la reubicación unilateral de operaciones de carga estadounidenses desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El secretario de Transporte estadounidense, Sean P. Duffy, calificó esta medida como un “evidente desprecio” a los compromisos pactados y un comportamiento “sistemáticamente anticompetitivo”.
Según la denuncia presentada, desde 2022 México habría incumplido el acuerdo al revocar abruptamente franjas horarias (slots) y forzar el traslado de operaciones de carga, generando pérdidas millonarias para las empresas estadounidenses por el incremento en costos operativos.
Las autoridades mexicanas habían justificado la medida como necesaria para liberar espacio y reducir la congestión en el AICM, aunque Duffy destacó que, tres años después, las prometidas obras de ampliación no se han materializado.
La administración actual atribuyó la permisividad inicial de esta situación a la gestión del presidente Joe Biden y su secretario de Transporte, Pete Buttigieg. “Eso se termina hoy”, declaró Duffy, enfatizando que estas acciones servirán como advertencia bajo la política de “America First”.
Como respuesta inmediata, el Departamento de Transporte implementará tres medidas: requerirá a aerolíneas mexicanas presentar itinerarios detallados de todas sus operaciones a Estados Unidos, exigirá aprobación previa para vuelos chárter de gran capacidad, y se reserva el derecho de rechazar futuras solicitudes de vuelos mexicanos.
Adicionalmente, se propone una orden específica contra Aeroméxico y su socio Delta Airlines, que podría resultar en la pérdida de su inmunidad antimonopolio (ATI), lo que les obligaría a suspender prácticas como fijación conjunta de precios y reparto de ingresos.
