La concesionaria Agua de Puebla incurrió en incumplimientos administrativos, fallas en el plan de inversión y desviaciones en los estándares de desempeño, además de irregularidades en la aplicación del tercer convenio modificatorio firmado en 2025, por lo que el Gobierno de Puebla procederá legalmente.
En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que su administración actuará con responsabilidad y apego a la ley para garantizar que la empresa cumpla con el suministro de agua a las familias poblanas.
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#Puebla 💧 El gobernador Alejandro Armenta pidió actuar con apego a la Ley y exigirle a la concesionaria Agua de Puebla garantice la prestación de sus servicios.
— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 7, 2026
Además solicitó a ediles no "nadar de muertito" y atender los servicios basicos en sus demarcaciones.
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Si bien reconoció que la revocación de la concesión podría representar un impacto financiero para el Estado, subrayó que la prioridad es el acceso al agua.
En ese sentido, también solicitó a las y los presidentes municipales “no nadar de muertito” y hacerse responsables de dotar servicios básicos como agua, alumbrado y la limpieza de calles para evitar el colapso de drenajes en la próxima temporada de lluvias.
Iniciarán mesas de trabajo
Por su parte, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra informó que en próximos días iniciarán mesas de trabajo con la concesionaria para corregir las deficiencias en la prestación del servicio.
Señaló que, tras un diagnóstico preliminar, se identificaron incumplimientos en el plan de inversión, desviaciones en los estándares de desempeño y fallas en la aplicación del tercer convenio modificatorio firmado el año pasado, así como irregularidades administrativas generales.
Aunque evitó precisar el monto de las posibles anomalías, señaló que este es significativo y se dará a conocer posteriormente, al tiempo, anticipó que la empresa podría rechazar las observaciones.
No obstante, García Parra subrayó que el objetivo de la administración estatal no es privilegiar el conflicto legal, sino garantizar el derecho de la población a un servicio eficiente.
“Lo que buscamos es que, más allá de cualquier litigio, haya agua de calidad para los poblanos y un servicio digno”, expresó.
Editor: Renato León
