El Gobierno de Donald Trump ha propuesto reducir las regulaciones de venta de armas en Estados Unidos, lo que incluye cambios significativos en la verificación de antecedentes antes de comprar un arma. Esta reforma se enmarca dentro de un plan más amplio para recortar el presupuesto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Según informes recientes, se busca simplificar hasta 50 regulaciones, abarcando desde la destrucción de registros de compra pasados 20 años hasta la extensión del período de revisión de antecedentes de 30 a 60 días. Estas medidas podrían generar serias implicaciones sobre la seguridad en la adquisición de armas, creando potenciales lagunas legales.
La fiscal general, Pamela Bondi, ha sugerido incluso que la ATF se fusione con la Administración de Control de Drogas (DEA), lo que podría potenciar la reducción de inspectores en la ATF en un 66%. Los detractores de esta reforma advierten que tales recortes burocráticos aumentan el riesgo de violencia armada y la posibilidad de que personas no aptas consigan armas.
En 2023, según la ONG Gun Violence Archive, se reportaron más de 7,300 muertes y más de 13,200 heridos en incidentes relacionados con armas de fuego. Las estadísticas también revelan la creciente frecuencia de tiroteos masivos, que alcanzaron un total de 192 en el presente año.
Los críticos sostienen que modificar el formulario de revisión de antecedentes de las siete a solo tres páginas podría dificultar las investigaciones criminales y el seguimiento de la venta de armas. En un contexto donde la violencia armada sigue en aumento, el futuro inmediato de la regulación de armas en EU es preocupante.
