Una iniciativa presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado plantea la inhabilitación hasta por dos años de los servidores públicos que pudieran ejercer violencia obstétrica contra las mujeres embarazas en Puebla.
La propuesta es impulsada por la diputada Aurora Sierra Rodríguez, quien plantea reformas al artículo 356 Bis del Código Penal del Estado, con la finalidad de endurecer las sanciones contra las personas que incurran en dicho tipo de violencia de género contra las mujeres.
El marco jurídico actual se establece que “comete el delito de violencia obstétrica quien, siendo personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o privadas; dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio o en emergencias obstétricas”.
Bajo ese entendido, la iniciativa de la diputada panista plantea agregar un párrafo para que los servidores públicos que sean ajenos al personal médico también puedan ser sancionados con la inhabilitación en caso de incurrir en agresiones.
También puedes leer: A la baja casos de hospitalización por Covid en Puebla
“Si el sujeto activo del delito fuere servidor público, además de las penas señaladas se le impondrá destitución e inhabilitación, hasta por dos años, para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos”, señala la iniciativa.
Al respecto, Sierra Rodríguez refirió que Puebla se ubicó en el séptimo lugar nacional por registrar más mujeres que fueron maltratadas en la atención obstétrica, en su último parto o cesárea ocurrida durante los últimos 5 años, según datos del INEGI.
Indicó que una de cada tres mujeres dijo que ha sufrido algún tipo de violencia al ser atendida durante el parto; y una de cada diez cesáreas se practicó sin consentimiento de la madre o incluso las esterilizaron aunque no la solicitaron.
Por lo anterior, consideró urgente ampliar el marco jurídico para proteger a las poblanas antes, durante y después de la etapa de gestación.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.
Por Vera Fernández
Editora: Brenda Balderas
Te recomendamos
