En el Congreso del Estado se impulsa una iniciativa para incrementar a 10 años de prisión las sanciones contra los servidores públicos que entorpezcan u obstaculicen las investigaciones de delitos cometidos en agravio de mujeres y niñas en Puebla.
La propuesta fue presentada por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, integrante de la bancada de Nueva Alianza.
El proyecto plantea modificaciones integrales a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado.
La legisladora propone establecer de forma obligatoria que las autoridades clasifiquen e inicien toda investigación sobre muertes violentas de mujeres y niñas bajo una perspectiva de género y mediante la aplicación del protocolo de feminicidio.
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Asimismo, en el apartado de reformas al Código Penal local, se contemplan penas que van de los 4 a 10 años de cárcel dirigidas a funcionarias o funcionarios públicos que incurran en dilaciones injustificadas.
“Se busca garantizar investigaciones responsables, evitar que los prejuicios determinen el rumbo de la justicia y establecer consecuencias legales para quien deliberadamente la obstaculice”, aseveró la diputada Martínez Ayala desde tribuna.
La iniciativa de reforma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso estatal para su correspondiente estudio, análisis y posible dictaminación.
Editor: César A. García
