La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla acreditó que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal realizaron la ejecución arbitraria de tres habitantes de Coyomeapan y causaron afectaciones a otras siete por el uso de la fuerza pública, por lo que debe ofrecer una disculpa pública a las víctimas.
El organismo indicó que el 9 de mayo de 2022, no hubo un enfrentamiento entre policías y pobladores armados y que los hechos no ocurrieron de manera espontánea, sino que, de forma premeditada, los agentes de la Policía Estatal, interceptaron a pobladores de Coyomeapan y sin indicaciones de por medio, abrieron fuego en su contra.
“Tras la valoración y análisis jurídico respectivo, se pudo desvirtuar la versión de un enfrentamiento (…) y no se encontraban realizando un patrullamiento; si no que arribaron al lugar de los hechos, al paraje conocido como Cobatzalco, a las 15:00 horas, por lo que tuvieron tiempo de planear la llegada de los tripulantes del vehículo, ocupando para ello puestos estratégicos”, afirmó.
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A casi un año de los hechos, el organismo emitió la recomendación 12/2023 dirigida al titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, por la violación al derecho humano a la vida en agravio de tres personas, además a los derechos a la integridad y seguridad personal por las lesiones causadas a otras siete.
Aunque reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla ha tomado acciones encaminadas a lograr la reparación integral de daños a los agraviados, recomendó a la dependencia ofrecer una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas; proporcionar atención victimológica, incluida la psicológica y la tanatológica.
Asimismo, le pidió iniciar la investigación o en su caso continuar con la integración del expediente administrativo respectivo para que en el momento procesal oportuno dicte la determinación; emitir los protocolos de actuación respecto del uso de la fuerza, con perspectiva de género y para menores de edad, así como los manuales de técnicas para el uso de la fuerza correspondientes e informe a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que inicie la investigación correspondiente en contra de los policías que intervinieron.
Personal de Zoquitlán no brindó auxilio a las víctimas
La CDH también emitió recomendaciones al ayuntamiento de Zoquitlán, pues su personal violó el derecho a la seguridad jurídica de las víctimas al negarles auxilio.
En el documento se señala que la ambulancia que envió el municipio de Zoquitlán al lugar de los hechos y los servidores públicos que la tripulaban omitieron brindarles el auxilio a las víctimas.
Por ello le solicitó proporcionar capacitación al personal que se hace cargo de la ambulancia asignada a su municipio; se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos; y solicite a la Contraloría municipal el inicio de los procedimientos respectivos en contra de la síndica municipal por haber emitido los informes sobre el caso de manera imprecisa y discrepante.
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Un día después de los hechos, se dijo que los uniformados habían sido agredidos por varios hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta roja, en tanto que pobladores refirieron que fueron embestidos.
Dos semanas después la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de 9 policías estatales: Alberto N. alias “Campos” de 24 años de edad, Carlos N. de 26 años, Bernabé N. de 22 años, José Javier N. de 26 años, Luis Antonio N. de 33 años, Jesús N. alias “El Chino” de 26 años, Moisés N. de 23 años, Jonathan Iván N. de 25 años y Abdo Israel N. de 31 años.
Quienes fueron vinculados a proceso por la comisión de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia y daño en propiedad ajena doloso.
A ellos se sumó Genaro N., quien fue detenido en agosto del año pasado y vinculado a proceso por los mismos delitos que sus compañeros.
Por Alejandra Olivera
Editora: Brenda Balderas
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